Organismos defensores de derechos humanos y de la libertad de expresión, advirtieron que Oaxaca sigue siendo uno de los estados con mayores casos de agresión hacia comunicadores y periodistas.
Luego de las medidas restrictivas que la vice fiscalía de Huajuapan de León impuso al periodista Alejandro López, director del portal Nuevo Siglo Noticias, por una denuncia ciudadana por actos de corrupción que realizó el comunicador, el Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO), advirtió sobre el uso de los organismos de procuración de justicia como una herramienta de censura.
Además, se solidarizó con el periodista Álvaro Medina Sánchez, director general del medio regional Correo Mixteco, quien en fechas recientes denunció que fue víctima de agresiones verbales y amenazas por parte de familiares de la presidenta municipal de San Andrés Dinicuiti, hechos que consideró como una afrenta directa a la libertad de expresión.
Añadió que estos casos se suman a una serie de agresiones contra periodistas en Oaxaca, entidad considerada uno de los estados más peligrosos para ejercer la profesión en México.
Recordó que según la organización Artículo 19, entre enero de 2018 y junio de 2024 se documentaron al menos 120 agresiones contra periodistas o medios de comunicación en Oaxaca, incluidas amenazas, hostigamientos y ataques físicos.
Tan solo en 2023, Oaxaca ocupó el cuarto lugar nacional en agresiones a periodistas, de acuerdo con el informe Disentir en Silencio de dicha organización. La mayoría de estos ataques provino de funcionarios públicos municipales.
Añade que nivel internacional, México sigue siendo uno de los países más peligrosos para la prensa: la UNESCO ha señalado que en la última década se han registrado más de 150 asesinatos de periodistas, la mayoría en contextos de violencia vinculada al crimen organizado y a autoridades locales.
De la misma manera, integrantes de la Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO), advierten que las agresiones no solamente provienen de las instancias municipales, estatales o federales, sino también de los grupos de sindicatos violentos que operan en la entidad oaxaqueña, por lo que han exigido a las autoridades garantizar la libertad de expresión.
