Una mujer identificada como M.V.R.V. fue vinculada a proceso por el delito de tráfico de plazas y servicios, luego de defraudar a una persona a quien le prometió gestionar una base laboral en el Gobierno del Estado de Oaxaca, a cambio de 400 mil pesos en efectivo.
Los hechos ocurrieron en los Valles Centrales y forman parte de un esquema que, según documentos judiciales, inició en junio de 2022 con una promesa falsa y terminó en una estafa prolongada que nunca se materializó en un empleo real.
ENGAÑÓ A UNA MADRE CON LA PROMESA DE UN CONTRATO PARA SU HIJA
De acuerdo con el expediente penal, el 6 de junio de 2022, en un local ubicado en Plaza del Valle, la imputada citó a la víctima —identificada como A.G.L.— y le ofreció gestionar una plaza de base en el Gobierno estatal para su hija, a cambio de una suma inicial de dinero.
Al día siguiente, el 7 de junio, la víctima acudió a un domicilio en la colonia San Antonio de la Cal, donde entregó el efectivo y documentación personal de su hija, supuestamente para “iniciar los trámites” y firmar un contrato por seis meses.
EL ENGAÑO CONTINUÓ MESES DESPUÉS
Pese a no recibir ningún documento oficial, el 25 de julio de 2022, la víctima entregó otra suma de dinero, con la expectativa de que en diciembre de ese año se concretaría el nombramiento definitivo de su hija.
Sin embargo, al llegar noviembre de 2022 y no haber avances, la víctima exigió explicaciones. Lejos de devolver el dinero, la imputada volvió a pedir más documentos y prometió que la plaza se entregaría en enero de 2023. Nada de eso ocurrió.
DETENCIÓN Y VINCULACIÓN A PROCESO
Tras la denuncia interpuesta por la víctima, se inició una investigación que permitió ubicar, detener y presentar a la imputada ante el juez.
Luego, con base en las pruebas presentadas por la autoridad ministerial, el juez dictó auto de vinculación a proceso por el delito de tráfico de plazas y servicios. Además de otorgar un mes para el cierre de la investigación complementaria.
LA VENTA DE PLAZAS, UNA PRÁCTICA ILEGAL Y RECURRENTE
Este caso vuelve a poner sobre la mesa un tema que, aunque sancionado por la ley, persiste en diversas dependencias del país: la venta ilegal de plazas laborales en el servicio público.
Este tipo de prácticas, además de vulnerar los derechos de los aspirantes, erosionan la confianza en las instituciones y abren la puerta a redes de corrupción que operan con impunidad durante años.
Expertos señalan que la complicidad entre funcionarios y particulares ha permitido que el tráfico de plazas se normalice en sectores como salud, educación y administración pública, afectando la transparencia y la meritocracia en el servicio civil.
UNA LLAMADA DE ALERTA
Aunque en este caso ya se obtuvo vinculación a proceso, la prevención sigue siendo clave.
En resumen, evitar este tipo de fraudes no depende únicamente de la sanción penal, sino también de fortalecer los controles institucionales, garantizar procesos de contratación abiertos y desmantelar las redes que lucran con la necesidad de empleo.
