Durante el primer semestre de 2025, el índice nacional de homicidios dolosos mostró una ligera disminución respecto a los años anteriores: de 25.9 por cada 100 mil habitantes en 2022 a 24.9 en 2023, según lo afirman reportes de Human Rigths Watch. Sin embargo, esta aparente estabilidad oculta realidades mucho más perturbadoras: homicidios vinculados al crimen organizado representan aproximadamente dos tercios del total oficialmente registrados.
Estados como Colima, Guanajuato, Morelos, Baja California y Quintana Roo se posicionan entre los más violentos del país, según el Índice de Paz México 2025 del Instituto para la Economía y la Paz (IEP Institute for Economics and Peace, por sus siglas en inglés).
A pesar de una modesta mejora global (un 0.7 % al alza en niveles de paz en 2024), México sigue con un deterioro acumulado de 13.4% respecto a 2015. En ese año, la tasa de homicidios era de 15 por 100 000, mientras que en 2024 alcanzó los 23.
La captura de Ismael “El Mayo” Zambada en 2024 provocó una guerra interna en el Cártel de Sinaloa entre facciones rivales en Culiacán, lo que se traduce en al menos 883 homicidios en Sinaloa durante la primera mitad de 2025 (frente a 224 en el mismo periodo de 2024) y más de 1 500 desapariciones desde septiembre de 2024.
Simultáneamente, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) continúa su expansión territorial, enfrentándose tanto al Cártel de Sinaloa como a grupos locales, especialmente en Guanajuato, Michoacán y estados del centro del país.
Grupos organizados han comenzado a incorporar explosivos, drones, minas antipersonales y sicarios entrenados por mercenarios colombianos, especialmente en Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Estos recursos elevan la letalidad y el anonimato de los ataques, dificultando la acción policial.
Según la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional del Banco Mundial, México se ubica entre los tres países con mayor criminalidad en América Latina, sólo detrás de Myanmar y Colombia. El crimen organizado está presente en cerca del 81 % del territorio nacional, con el CJNG en 28 estados y el Cártel de Sinaloa en 24.
El informe del IEP calcula que la violencia en México tuvo un costo de aproximadamente 245 000 millones de dólares en 2024, equivalente al 18 % del PIB nacional, o cerca de 33 905 pesos por persona, cifra que supera el salario mensual promedio.
Ese costo económico fue seis veces mayor que la inversión pública en salud y cinco veces mayor que la destinada a educación en ese periodo. Además, desde 2015 estos costos aumentaron un 32 %, y los homicidios incrementaron un 55%, mientras que los delitos cometidos con armas de fuego subieron un 71%.
La reforma constitucional que obliga a la destitución y reelección de jueces federales y estatales para elecciones populares en 2025 y 2027 genera preocupaciones. Organismos internacionales advierten que podría debilitar la independencia judicial y agravar la impunidad.
Casos emblemáticos, como el de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de seguridad en Tabasco con antecedentes criminales, y prófugo, con ficha roja de Interpol, evidencian fallas de control institucional previas a la obtención de cargos públicos.
En respuesta a la creciente cifra de desaparecidos el gobierno lanzó varias medidas estructurales en marzo de 2025: fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, crear una base nacional forense, homologar penas de desaparición y secuestro, y publicar cifras mensuales.
La extorsión afecta hasta 7 millones de personas al año, aunque solo el 0.2 % denuncia el delito. El gobierno lanzó recientemente una estrategia nacional con líneas anónimas, investigación especializada y congelamiento de cuentas, pero el cierre de negocios muestra que la ejecución aún no alcanza las expectativas.
México en 2025 se enfrenta a una situación de seguridad compleja donde avances modestos en reducción de homicidios conviven con una espiral de violencia estructural asociada al narcotráfico, fragmentación criminal y debilidad institucional.
Los pendientes del gobierno son múltiples: fortalecer y rediseñar el sistema judicial y de justicia, dar resultados en combate a la extorsión y desapariciones, frenar la expansión criminal y mejorar los indicadores de percepción pública mediante una política de seguridad más efectiva y con respeto a derechos humanos.
Solo con medidas integrales será posible avanzar hacia un país más seguro y con esperanza para su población.
