PUEBLA, Pue (Proceso).– Después de gobiernos como los de Mario Marín, Rafael Moreno Valle y Miguel Barbosa Huerta, que se caracterizaron por su intolerancia hacia la prensa, los medios de comunicación poblanos esperaban un cambio con el morenista Alejandro Armenta Mier, pero ha resultado lo contrario.
No sólo es la aprobación de la Ley de Ciberasedio, conocida en redes sociales como “Ley Censura”, que ha sido calificada por organizaciones nacionales e internacionales como una amenaza a la libre expresión y un retroceso de al menos 20 años, por reeditar los llamados delitos contra el honor –calumnia e injuria, derogados en Puebla desde 2011– ahora llevados al ámbito digital.
Los seis meses que lleva la administración armentista han estado marcados por exabruptos públicos del mandatario, sus reacciones a preguntas y a críticas en redes sociales, así como mecanismos que ha impuesto su oficina de Comunicación Social.
Desde el arranque del sexenio, pese a que hay un presupuesto aprobado, el gobierno estatal no ha pagado convenios publicitarios y ha sometido a los medios a una especie de periodo de prueba de “buen comportamiento”.
Además, Armenta instauró en sus conferencias mañaneras la versión poblana del “Detector de Mentiras”, aunque Artículo 19 y otras organizaciones le pidieron que desistiera de esa práctica por reforzar un discurso estigmatizante en contra de periodistas y medios de comunicación.
En sus declaraciones públicas, el mandatario declara su “absoluto respeto” a los medios de comunicación y a la libertad de expresión. Dice entender “que el servidor público necesita del comunicador”.
“No me siento monarca, no me siento virrey, no soy señor feudal”, expresó recientemente.
No obstante, Rodolfo Ruiz, director del portal digital e-Consulta, de los más leídos en Puebla, advierte que en realidad son tiempos difíciles para ejercer el periodismo crítico e independiente en esta entidad, pues cuando se creía que no podía haber algo peor que Moreno Valle y Barbosa, todo apunta a que Armenta podría superarlos.
“Peor, peor”, dice sin dudarlo, “mira, pensábamos que con Rafael Moreno Valle y Barbosa ya nos había ido muy mal, y la verdad es que Armenta ha resultado una combinación de ambos: tiene el autoritarismo de Moreno Valle y lo poco racional, afecto a las intrigas, de Barbosa”.
Recuerda que el panista Moreno Valle instrumentó el “tri pack” que consistía en beneficiar a medios oficialistas o restringir a los que lo incomodaban, de convenios publicitarios que incluían al gobierno estatal, la BUAP y el ayuntamiento de Puebla, los entes públicos con mayor presupuesto en esta entidad.
En tanto que este gobierno, agrega, ha impuesto un “ten-pack”, con lo cual medios que abren espacio a todo tipo de notas, exponen casos de corrupción o tienen a columnistas críticos son vetados no sólo por el gobierno estatal, la BUAP y Puebla capital, sino por los municipios más grandes del estado.
Añade que, como en tiempos de Barbosa, Puebla ha vuelto a ser noticia por dislates del gobernador alimentados por intrigas. Como ocurrió en la mañanera del 7 de abril, cuando Armenta, informado por su equipo de comunicación, dio por hecho que Ruiz había publicado un tuit que desacreditaba la pelea de Gabriela la Bonita Sánchez, boxeadora y secretaria estatal del Deporte y la Juventud.
Ante las cámaras, Armenta reaccionó iracundo. Acusó al periodista de ser “canalla”, “cobarde” y “ciberdelincuente” y hasta pidió a la fiscalía que actuara en su contra.
Después quedó claro que el mandatario había cometido un error, pues su oficina de comunicación nunca pudo mostrar los tuits que le adjudicaban a Ruiz, y otro periodista, Héctor Llorame, reconoció que fue él quien criticó en redes sociales –y en uso de su libertad de expresión– que la pelea de la Bonita Sánchez se promocionara con recursos públicos.
Artículo 19 pidió al mandatario que se retractara y ofreciera una disculpa pública a Ruiz, pero hasta la fecha eso no ha ocurrido. En cambio, en redes sociales y columnas políticas se lanzó una campaña para denostar al director de e-Consulta.
No es la única ocasión que el gobernador ha generado polémica con este tipo de excesos. El 10 de abril, otra vez en rueda de prensa, amenazó a una empresa inmobiliaria: “Grupo Proyecta, dos hectáreas, en un mes o proceso de expropiación a cuatro hectáreas, lo que ustedes decidan, con todo cariño, ¿eh?, con todo respeto”.
Igual, el 10 de junio, en el acto inaugural de la 10º edición del Smart City Expo Latam Congress, Armenta reprendió en público al alcalde José Chedraui por no haber incluido el náhuatl en su saludo, lo cual generó un momento bochornoso no sólo para el edil, sino también para los invitados.
PUEBLA, Pue (Proceso).– Después de gobiernos como los de Mario Marín, Rafael Moreno Valle y Miguel Barbosa Huerta, que se caracterizaron por su intolerancia hacia la prensa, los medios de comunicación poblanos esperaban un cambio con el morenista Alejandro Armenta Mier, pero ha resultado lo contrario.
No sólo es la aprobación de la Ley de Ciberasedio, conocida en redes sociales como “Ley Censura”, que ha sido calificada por organizaciones nacionales e internacionales como una amenaza a la libre expresión y un retroceso de al menos 20 años, por reeditar los llamados delitos contra el honor –calumnia e injuria, derogados en Puebla desde 2011– ahora llevados al ámbito digital.
Los seis meses que lleva la administración armentista han estado marcados por exabruptos públicos del mandatario, sus reacciones a preguntas y a críticas en redes sociales, así como mecanismos que ha impuesto su oficina de Comunicación Social.
Desde el arranque del sexenio, pese a que hay un presupuesto aprobado, el gobierno estatal no ha pagado convenios publicitarios y ha sometido a los medios a una especie de periodo de prueba de “buen comportamiento”.
Además, Armenta instauró en sus conferencias mañaneras la versión poblana del “Detector de Mentiras”, aunque Artículo 19 y otras organizaciones le pidieron que desistiera de esa práctica por reforzar un discurso estigmatizante en contra de periodistas y medios de comunicación.
En sus declaraciones públicas, el mandatario declara su “absoluto respeto” a los medios de comunicación y a la libertad de expresión. Dice entender “que el servidor público necesita del comunicador”.
“No me siento monarca, no me siento virrey, no soy señor feudal”, expresó recientemente.
No obstante, Rodolfo Ruiz, director del portal digital e-Consulta, de los más leídos en Puebla, advierte que en realidad son tiempos difíciles para ejercer el periodismo crítico e independiente en esta entidad, pues cuando se creía que no podía haber algo peor que Moreno Valle y Barbosa, todo apunta a que Armenta podría superarlos.
“Peor, peor”, dice sin dudarlo, “mira, pensábamos que con Rafael Moreno Valle y Barbosa ya nos había ido muy mal, y la verdad es que Armenta ha resultado una combinación de ambos: tiene el autoritarismo de Moreno Valle y lo poco racional, afecto a las intrigas, de Barbosa”.
Recuerda que el panista Moreno Valle instrumentó el “tri pack” que consistía en beneficiar a medios oficialistas o restringir a los que lo incomodaban, de convenios publicitarios que incluían al gobierno estatal, la BUAP y el ayuntamiento de Puebla, los entes públicos con mayor presupuesto en esta entidad.
En tanto que este gobierno, agrega, ha impuesto un “ten-pack”, con lo cual medios que abren espacio a todo tipo de notas, exponen casos de corrupción o tienen a columnistas críticos son vetados no sólo por el gobierno estatal, la BUAP y Puebla capital, sino por los municipios más grandes del estado.
Añade que, como en tiempos de Barbosa, Puebla ha vuelto a ser noticia por dislates del gobernador alimentados por intrigas. Como ocurrió en la mañanera del 7 de abril, cuando Armenta, informado por su equipo de comunicación, dio por hecho que Ruiz había publicado un tuit que desacreditaba la pelea de Gabriela la Bonita Sánchez, boxeadora y secretaria estatal del Deporte y la Juventud.
Ante las cámaras, Armenta reaccionó iracundo. Acusó al periodista de ser “canalla”, “cobarde” y “ciberdelincuente” y hasta pidió a la fiscalía que actuara en su contra.
Después quedó claro que el mandatario había cometido un error, pues su oficina de comunicación nunca pudo mostrar los tuits que le adjudicaban a Ruiz, y otro periodista, Héctor Llorame, reconoció que fue él quien criticó en redes sociales –y en uso de su libertad de expresión– que la pelea de la Bonita Sánchez se promocionara con recursos públicos.
Artículo 19 pidió al mandatario que se retractara y ofreciera una disculpa pública a Ruiz, pero hasta la fecha eso no ha ocurrido. En cambio, en redes sociales y columnas políticas se lanzó una campaña para denostar al director de e-Consulta.
No es la única ocasión que el gobernador ha generado polémica con este tipo de excesos. El 10 de abril, otra vez en rueda de prensa, amenazó a una empresa inmobiliaria: “Grupo Proyecta, dos hectáreas, en un mes o proceso de expropiación a cuatro hectáreas, lo que ustedes decidan, con todo cariño, ¿eh?, con todo respeto”.
Igual, el 10 de junio, en el acto inaugural de la 10º edición del Smart City Expo Latam Congress, Armenta reprendió en público al alcalde José Chedraui por no haber incluido el náhuatl en su saludo, lo cual generó un momento bochornoso no sólo para el edil, sino también para los invitados.
Ley censura
Entre los periodistas de Puebla se da por hecho que el leitmotiv de la reforma al Código Penal del Estado, con la cual se tipificaron delitos como ciberasedio, usurpación de identidad y espionaje digital, no fue la alta incidencia de ciberdelitos, sino la persecución a una cuenta anónima de X llamada La Aldea Poblana, que publica mensajes críticos y algunos ofensivos contra Armenta y sus funcionarios.
“…Se ha defendido públicamente por los entes de gobierno que se trata de una iniciativa que no atenta contra la libertad de expresión, pero que en los hechos nace en medio de un conflicto entre el gabinete y una cuenta anónima que tiene de cabeza al gobierno del estado”, aludió el periodista Ernesto Aroche, al participar en uno de los foros que organizó el Congreso local para analizar esta llamada ley.
La propia cuenta Aldea Poblana ha sostenido que el tuit que enfureció al gobernador y que desató la cacería en su contra, fue una burla al apodo de Gabriela Sánchez, la secretaria estatal de Deporte y Juventud, publicado el 30 de mayo.
A partir de esto, cundieron las columnas sobre múltiples teorías de quién estaba detrás de esa cuenta. Diversos periodistas, políticos y funcionarios fueron acusados.
El 2 de junio último, la organización Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) condenó la campaña de desprestigio contra las periodistas Carolina Fernández Galindo y Vicky Fuentes, quienes fueron algunas de las acusadas de administrar esa cuenta.
El secretario de Seguridad del estado, Francisco Sánchez, anunció que la Policía Cibernética abrió una investigación para dar con el autor de esos mensajes, lo que generó el temor entre los periodistas señalados de que les fabricaran un expediente.
Es en ese contexto, en que la iniciativa presentada en noviembre de 2024 por José Luis García Parra, diputado con licencia y actual coordinador del gabinete, se sacó de la congeladora para penalizar con cárcel hasta por tres años a quien a través de medios digitales “insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional”.
La iniciativa se analizó en comisiones el día 11, el 12 se aprobó en el Pleno por los diputados afines a la 4T y el 13 fue publicada en el Periódico Oficial del Estado.
Luego del repudio inmediato que generó, al grado que Armenta fue treding topic ese fin de semana, el gobernador llamó al Congreso a realizar foros los cuales se organizaron de inmediato, pero con la premisa de que eran para divulgar los “alcances y beneficios” de la ley.
Sin embargo, de 50 participaciones que se presentaron, 34 fueron contra la reforma, entre ellas de Artículo 19, la Red de Defensa de Derechos Digitales (R3D), el Instituto Ignacio Ellacuría de la Ibero Puebla, la Red Puebla de Periodistas y la Asociación de Periodistas, Reporteros Gráficos y Comunicadores (Aspec).
La diputada morenista Laura Artemisa García, presidenta del legislativo, dijo que ahora se elaborarán conclusiones de esos foros, pero que, pese a las demandas ciudadanas, la reforma no será derogada y sólo se le harían puntualizaciones.
Apenas unos días antes, el Congreso había modificado, en un proceso legislativo similar, la Ley del Arbolado Urbano y Áreas Verdes del Estado.
El 25 de mayo, el reportero Sergio Vázquez, del portal Contra Máscaras, cuestionó a Armenta sobre por qué en las faenas comunitarias que él encabeza se encalaban árboles si esa práctica está prohibida en la ley.
El mandatario respondió visiblemente molesto y aunque días después se disculpó con ese medio, al reconocer que la ley sí prohibía el caleo, anunció que pediría su modificación porque él sabía que calear era bueno para los árboles.
Y así lo hizo: la iniciativa para retomar esa práctica se presentó el 29 de mayo, y aunque 14 organizaciones ambientalistas advirtieron sobre los efectos nocivos de aplicar cal en árboles urbanos, el Congreso aprobó la reforma el 5 de junio sin escucharlos.
La prensa, “con la daga en el cuello”
Otro de los contextos en los que la ley del ciberasedio fue aprobada es expuesto por directivos de medios de comunicación poblanos en entrevistas bajo anonimato, por temor a sufrir represalias.
“Nos tienen la daga en el cuello”, explica uno de ellos al señalar que en los más de seis meses que tiene la administración armentista el gobierno estatal y el Congreso local no han pagado convenios publicitarios, que es el principal ingreso –algunas de ellas el único– que tienen las empresas informativas en Puebla.
Para los medios es normal que, al arranque de un gobierno, el pago por publicidad oficial tarde alrededor de tres a cuatro meses, pero esta vez no sólo se ha alargado por medio año, sino que es una medida que se ha aplicado a la mayoría. A excepción de Televisa y TV Azteca, al resto los tienen “en espera”.
Incluso no han pagado a medios considerados oficialistas, lo que ya ha empezado a generar una crisis que los ha orillado a despedir personal o reducir equipos.
Con el argumento de que la pasada administración dejó “un desorden”, primero les advirtieron que los pagos fluirían hasta después de las elecciones del Poder Judicial, pero al concluir éstas, les han dicho que será hasta finales de julio. “Nos quieren tronar”, dice otra de las fuentes, “acorralarnos por hambre. Están muy rudos”.
Señala que, en este tiempo, el área de Comunicación a cargo de José Tomé los mantiene en la incertidumbre, pues se afirma que ya hubo convenios cancelados.
Así, en el contexto de la aprobación de la llamada Ley Censura, que por sus términos ambiguos abre la posibilidad de encarcelar a cualquiera que sea acusado de ciberasedio, algunos medios callan por temor a que los veten, mientras que otros publican notas sobre el tema para presionar a que les paguen.
Rodolfo Ruiz cuenta que directivos de otros medios le han revelado que la Coordinación de Comunicación les advirtió que evaluarían su comportamiento en estos meses, y con eso decidían si les daban o no convenio, o si respetaban montos.
“Bueno”, agrega, “yo tengo compañeros, directores o columnistas que me mandan mensajes donde les piden que me golpeen, condicionándoles el convenio”.
Advierte que esto es el uso faccioso de los presupuestos públicos destinados a comunicación social, donde se premian lealtades y se castiga a los que no se alinean.
Así, dice, a e-Consulta, con altas audiencias, se le veta, y a otros de nueva creación, sin credibilidad, pero que son “leales soldados de Morena”, se les paga.
Despidos y persecución judicial
Reporteros como Jaime López y Héctor Llorame han emprendido proyectos de periodismo independiente a través de redes sociales tras ser despedidos de sus trabajos en medios tradicionales.
López fue desocupado de La Tropical Caliente y del portal Capital Puebla, de manera simultánea, días después de que Armenta ganó las elecciones. En la mañanera del 28 de junio de 2024 denunció que había indicios de que su despido fue solicitado por el equipo de comunicación del entonces gobernador electo.
En julio de ese año, el periodista, junto a otros jóvenes, emprendió el portal Contra Máscaras que es de los pocos medios que se maneja con independencia al no depender de convenios oficiales que condicionen sus contenidos.
El 6 de junio, este medio publicó cápsulas que cuestionaban el proyecto del gobernador Armenta de construir un parque en el Área Natural Protegida la Malinche. Luego, de manera simultánea, las cuentas de los reporteros Andrea Ortiz y Sergio Vázquez, así como del propio portal, en Instagram y Facebook, fueron suspendidas. Todo indica que se debió a un ataque cibernético masivo.
Otra periodista crítica, Ruby Soriano, tuvo que enfrentar una demanda de la diputada local morenista Graciela Palomares, quien la acusó de violencia de género por cuestionar en un tuit los diversos partidos en los cuales la legisladora ha militado.
En un mensaje en redes, Soriano reclama a Armenta sobre su doble discurso pues, aunque dice reconocer a los periodistas como “guardianes de la libertad de expresión”, su equipo promueve leyes para criminalizar su libre ejercicio.
“En estos tiempos, gobernador”, le advierte, “lo menos que podemos admitir como ciudadanos, son los dobles discursos y las simulaciones”.
