Una obra millonaria en el Congreso del Estado de Oaxaca ha encendido la polémica por su adjudicación directa sin licitación. Supuestamente por tratarse solo de “rehabilitación” de espacios. Aunque autoridades del Legislativo reconocieron que sí hubo construcción, lo que contradice los argumentos iniciales.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Benjamín Viveros, confirmó que la intervención al recinto legislativo costó 40 millones de pesos, pero podría ascender a más, recursos ejercidos sin concurso público, a pesar de incluir nuevas estructuras como una rampa para personas con discapacidad y una sala de lactancia, que no existían anteriormente.
UNA OBRA “RÁPIDA” Y “NECESARIA”, SEGÚN VIVEROS
En una declaración confusa y por momentos evasiva, el diputado plurinominal por Morena justificó la adjudicación directa por la falta de tiempo, aunque admitió que se hicieron convenios con empresas para la ejecución del proyecto. Con voz titubeante, Viveros intentó defender la decisión:
“Pues la obra estuvo coordinada por una empresa […] era necesario el cambio de muchos espacios, muchos muros […] cuando se deja mucho tiempo un espacio sin darle rehabilitación, al final tiene un costo mucho mayor”, afirmó.
Según el legislador, el Congreso requería con urgencia la intervención, ya que no había sido rehabilitado en casi 20 años, y enfrentaba problemas como goteras y muros deteriorados. Sin embargo, su explicación derivó en un discurso poco claro, con contradicciones sobre la naturaleza de los trabajos realizados.
DE LA “REHABILITACIÓN” A LA CONSTRUCCIÓN: LOS HECHOS CONTRADICTORIOS
Inicialmente, Viveros insistió en que “todo fue rehabilitación, no hay una construcción nueva”, pero minutos después reconoció que sí se edificaron nuevos espacios:
“Tenemos una área de lactancia que no se tenía en el Congreso. Se hizo una rampa para las personas con discapacidad, que no se tenía aquí”, dijo el funcionario.
Estas declaraciones ponen en entredicho la legalidad del procedimiento, ya que las obras nuevas requieren otro tipo de contratación y supervisión. En México, la ley establece que las adjudicaciones directas deben ser excepcionales, no una vía para eludir los mecanismos de transparencia.
TRANSPARENCIA CUESTIONADA Y FALTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
El argumento central del diputado —que no hubo tiempo para licitar— deja en evidencia una falta de planeación institucional, y una interpretación acomodaticia de los procesos legales para la contratación de obra pública.
“Fue directo. Porque era muy poco el tiempo, la verdad […] tuvimos que hacer rápido un contrato con una empresa”, justificó.
Además, Viveros no precisó el nombre de la empresa contratada, ni los detalles del convenio ni del desglose del gasto. Tampoco ofreció evidencia documental que respalde el carácter urgente de la obra o la imposibilidad técnica de realizar una licitación.
UNA OBRA QUE LEJOS DE CONVENCER, ABRE SOSPECHAS
Aunque el presidente de la Jucopo intentó centrar el discurso en la necesidad de mejorar las condiciones del Congreso. Lo que queda al descubierto es una práctica opaca, sin rendición clara de cuentas, y marcada por justificaciones vagas que no responden a los estándares de transparencia que la ciudadanía exige.
En un contexto de creciente vigilancia social sobre el uso de recursos públicos, la ciudadanía merece claridad, cifras precisas y procesos transparentes. Más aún, cuando los responsables no fueron electos por voto directo, como es el caso de Viveros. Quien llegó al cargo por la vía plurinominal y por su filiación política.
¿Rehabilitación o construcción? Esa es la pregunta clave que aún no ha sido respondida con contundencia. Mientras tanto, los 40 millones de pesos públicos, o más, ya fueron ejercidos sin que hasta ahora exista una auditoría pública que respalde cada peso invertido.
