En un fallo que marca un punto de inflexión en la política migratoria de Estados Unidos, la Corte Suprema falló este martes 6-3 a favor del expresidente Donald Trump, habilitando la aplicación parcial de una orden ejecutiva que niega la ciudadanía automática por nacimiento a los hijos de migrantes en situación irregular o bajo estatus temporal. Esta medida se implementará en 30 días en 28 estados. Con ello, afectando directamente a futuras generaciones nacidas en suelo estadounidense.
Aunque el máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto, su decisión limita significativamente el margen de acción de los jueces federales para bloquear decisiones del poder ejecutivo. En palabras de la jueza Amy Coney Barrett, autora del dictamen:
“Los tribunales federales no ejercen una supervisión general del poder ejecutivo, resuelven casos y controversias de acuerdo con la autoridad que les ha otorgado el Congreso.”
UN PRINCIPIO CENTENARIO EN DISPUTA
El decreto firmado por Trump el mismo 20 de enero, día de su investidura, apunta a desarticular uno de los pilares del sistema jurídico estadounidense: la ciudadanía por nacimiento. La cual está consagrada desde hace más de 150 años en la 14ª Enmienda de la Constitución. Según este principio, toda persona nacida en territorio estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres, es automáticamente ciudadana.
La reinterpretación de esta enmienda busca limitar su alcance y negar la ciudadanía a hijos de migrantes indocumentados o con permisos temporales, como solicitantes de asilo o beneficiarios de visas temporales. La implementación comenzará en los siguientes estados:
Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Virginia Occidental y Wyoming.
EFECTOS INMEDIATOS Y CONTROVERSIAS EN DESARROLLO
El fallo no afecta retroactivamente a quienes ya han obtenido la ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, introduce una nueva incertidumbre jurídica y social sobre los nacimientos futuros. Especialmente en comunidades migrantes de origen latinoamericano. Expertos en derechos humanos advierten que esta política puede violar tratados internacionales. Con ello, abrir la puerta a un “estatuto de apatridia” para los recién nacidos.
La decisión ocurre en medio de un contexto altamente tenso. Hace apenas unas semanas, miles de personas se manifestaron en Los Ángeles contra las redadas masivas del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), que resultaron en la deportación de al menos 252 ciudadanos mexicanos, según informó la presidenta Claudia Sheinbaum.
“No tenemos información detallada, pero el número de personas deportadas desde que empezó este último proceso del Gobierno de Estados Unidos a la fecha es de 252”, afirmó.
UNA DECISIÓN JUDICIAL CON LECTURA POLÍTICA
El fallo ha sido interpretado por analistas como un espaldarazo al ala más conservadora de la Corte, consolidada durante la administración Trump. Aunque no resuelve de fondo la constitucionalidad del decreto, sí establece un precedente peligroso al limitar el poder de los tribunales inferiores para frenar políticas ejecutivas que pueden vulnerar derechos fundamentales.
Críticos acusan al tribunal de actuar con motivaciones políticas, mientras defensores del expresidente celebran la decisión como un triunfo de la soberanía y el control migratorio. Sin embargo, la medida ya ha sido catalogada como discriminatoria por organizaciones civiles y ha despertado alarma entre diplomáticos y gobiernos latinoamericanos.
¿QUÉ SIGUE AHORA?
Aunque el caso podría regresar a la Corte en el futuro para un pronunciamiento sobre el fondo —la constitucionalidad de la medida—, por ahora el gobierno de Trump (o cualquier administración futura que adopte esta orden) podrá implementarla de forma limitada. Lo que se avecina es una batalla jurídica y política que probablemente continuará durante años.
En tanto, miles de familias migrantes viven con la preocupación de que sus hijos, nacidos en Estados Unidos, ya no tengan garantizado el derecho a ser reconocidos como ciudadanos. Un cambio histórico que redefine, una vez más, el sueño americano.
