Este jueves 22 de mayo, una jueza del estado de Florida emitió una sentencia sin precedentes contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y su esposa, Cristina Pereyra, condenándolos a pagar más de 2,500 millones de dólares por cargos relacionados con actos de corrupción y enriquecimiento ilícito a costa del erario mexicano. El fallo deriva de una demanda civil presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México en 2021.
La sentencia marca un momento crucial en la lucha internacional contra la corrupción. Al tratarse de uno de los más altos funcionarios del gobierno mexicano que enfrentan consecuencias legales en el extranjero por el manejo indebido de recursos públicos.
La denuncia de la UIF: corrupción sistemática y millonaria
El proceso judicial se remonta al 21 de septiembre de 2021. Cuando la UIF presentó una demanda civil ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida. La dependencia mexicana acusó a García Luna de operar un esquema de corrupción desde al menos 2012 hasta 2018. Mediante el cual desvió recursos públicos a través de contratos gubernamentales manipulados, sobornos y empresas fachada.
Según la investigación, el exfuncionario habría recibido más de 580 millones de dólares mediante prácticas corruptas. De ese total, al menos 250 millones habrían sido transferidos ilegalmente fuera de México y ocultados en bienes raíces en Florida.
Miami-Dade: el refugio de sus millones
La UIF también reclamó la titularidad de 28 propiedades ubicadas en Florida, adquiridas presuntamente con dinero ilícito. Doce de estas propiedades fueron vendidas antes del inicio formal del proceso legal, y otras seis se liquidaron después.
Estas operaciones habrían sido realizadas mediante sociedades pantalla y transferencias financieras opacas. El objetivo, sostienen las autoridades mexicanas, era ocultar el origen ilícito de los fondos y blanquear los recursos robados del erario público.
Silencio y ausencia: sin defensa en tribunales
Uno de los factores clave que influyeron en el fallo judicial fue la falta de respuesta de los demandados. Ni Genaro García Luna ni su esposa comparecieron ante la corte ni mostraron intención de defenderse. Cristina Pereyra, que al principio participó mediante un abogado, abandonó el proceso y dejó de asistir a las audiencias de mediación programadas desde 2024.
La jueza a cargo del caso había otorgado una prórroga hasta el 28 de abril para alcanzar un acuerdo entre las partes o iniciar un juicio formal. Ante la inacción de los acusados, el tribunal determinó el fallo por default y ordenó el pago correspondiente por los bienes reclamados por México.
Una pieza más en el juicio del sexenio
Este nuevo revés legal para García Luna se suma a su ya complicada situación judicial en Estados Unidos. Actualmente, cumple una condena de 38 años en una prisión de máxima seguridad en Virginia. Luego de ser hallado culpable en febrero de 2023 por colaborar con el narcotráfico durante su gestión como secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón.
A pesar de que recientemente se le concedió una prórroga de cuatro meses para apelar esa condena penal, este nuevo fallo civil representa un golpe económico devastador y evidencia la magnitud del entramado financiero construido por el exfuncionario.
Una lección internacional sobre impunidad
La sentencia emitida en Florida envía un mensaje claro sobre la posibilidad de que altos funcionarios enfrenten consecuencias. Incluso fuera de su país de origen, por actos de corrupción.
Finalmente, el caso García Luna no solo revela las fallas del sistema mexicano de contrataciones públicas durante el periodo señalado, sino que también pone en evidencia cómo los circuitos financieros internacionales pueden ser utilizados para esconder recursos mal habidos. A la vez, plantea preguntas profundas sobre los mecanismos de supervisión del Estado y la complicidad estructural que permite que estos esquemas operen durante años sin interrupciones.
