Sólo en los dos tres últimos meses del año se han multiplicado los casos de linchamientos, a los que la gente con eufemismo les llama “justicia por propia mano”. Desde luego que no es así. El caso más cruel fue el de Macuilxóchitl, en donde vecinos enardecidos con tres sujetos que hirieron a una persona de la tercera edad, los llevaron al basurero, les llenaron de gasolina y les prendieron fuego. La intervención de la Policía Estatal fue tardía. El daño estaba hecho. Ninguno de los tres sobrevivió a las quemaduras en todo el cuerpo. Hace al menos tres años se dio un hecho similar en la población de Matatlán, Tlacolula. El cuerpo ardiendo fue objeto de fotografías y videos. Se trató de una persona que había robado un domicilio. La turba enardecida lo detuvo, lo tundió a golpes en multitud y finalmente le prendió fuego. Hace al menos un mes, un agente del Ministerio Público, a quien se señaló de haber pretendido robar un automóvil, cuando sólo se trató de una mala información en la población de Tlaxiaco, fue paseando desnudo por las calles, con una soga al cuello, ante vecinos que pretendían ahorcarlo. Más tarde se supo la verdad. La agresión multitudinaria no siempre tiene razón y se cometen injusticias.
La historia contemporánea en Oaxaca está llena de casos como los antes mencionados. Hace unos días, vecinos de Etla detuvieron a un presunto ladrón que, por fortuna fue rescatado por la policía. Pero otros han corrido con mala suerte, como el que apenas hace días fue golpeado por vecinos de San Martín Mexicapan, falleciendo cuando era trasladado de la Cruz Roja al Hospital Civil “Aurelio Valdivieso”. Si se suman las víctimas de linchamiento en sólo unos meses, la sorpresa puede ser mayúscula. De todo ello, no se sabe que la Fiscalía General del Estado haya fincado responsabilidades penales para los instigadores o promotores de este tipo de acciones, que si bien reflejan la desconfianza en las instancias que procuran justicia, no dejan de ser actos cobardes. Siempre hay quien lleva los galones de gasolina, quien prende fuego o aquellos que ponen la soga al cuello. Se trata de actos de barbarie que deben ser castigados de acuerdo a los Códigos Penales en vigor. Nadie está capacitado para aplicar la justicia por propia mano. Es un asesinato vil y artero detener a un presunto delincuente, tundirlo en multitud y aun así acabar con su vida. Acciones como éstas deben ser objeto de penas severas y castigos ejemplares.
S-22: La lucha por el confort
No hay mejor exponente que la Sección 22 de la refinada y rentable cultura del chantaje. Los maestros son expertos en movilizaciones; están hechos desde hace 37 años, en acciones que toman a la ciudadanía como rehén y a las dádivas que les reporta el chantaje, como botín. Al día siguiente que trascendió que el gobernador Alejandro Murat tiene previsto enviar al Congreso del Estado una iniciativa para acotar los bloqueos, los contestatarios de siempre respondieron de manera negativa. A favor de la propuesta de AHM hay que decirle que el magisterio es sólo un segmento de la sociedad, no lo es todo; que los habitantes del estado, según las últimas estimaciones del INEGI somos al menos cuatro millones y que si la sociedad apoya al gobierno para que dichas afrentas comunes y cotidianas, sean sancionadas conforme a la ley que se propone, no hay que ceder. He ahí la importancia de que dicha iniciativa se someta a la consulta ciudadana, en la que participe el pueblo oaxaqueño, víctima principal de los abusos de estos oportunistas y vende-patrias. Existe en el imaginario colectivo la urgencia de que los maestros deben estar en sus escuelas y no en la calle.
Sin duda alguna, empleados, empresarios, comerciantes, locatarios de los mercados, prestadores de servicios turísticos, transportistas y el pueblo en general, están de acuerdo en que los famosos bloqueos carreteros o a las vialidades de la capital, ya deben terminar. Oaxaca jamás podrá salir del marasmo en que se encuentra en tanto sigan estas prácticas nocivas de afectar la libre circulación. Desde cualquier perspectiva se trata de un delito que violenta el Código de Procedimientos Penales en vigor. Ya es tiempo de que las corporaciones policiales hagan su trabajo y salvaguarden los derechos civiles y la seguridad ciudadana. La legislación que se contempla debe tener un capítulo para sancionar a quienes atracan en las casetas de cobro, llámense maestros, normalistas, porros universitarios o miembros de organizaciones sociales. El pueblo ha dicho ¡basta!, y ello parece haberlo captado el ejecutivo estatal. Estamos permanentemente amenazados por sujetos sin escrúpulos que hasta publicitan su “calendario de movilizaciones”. Centrar al magisterio y obligarlo a evitar más daño a la educación pública, será un notable mérito de Murat Hinojosa y ahí tenderá el apoyo mayoritario de los oaxaqueños. Que no le tiemble la mano para aplicar la ley; que no se detenga ante farsantes y demagogos que viven del chantaje.
