Más de 20 familias de esta comunidad del Valle de Tlacolula y Mitla denuncian ser víctimas de una red de despojo agrario sistemático, operada —según sus testimonios— por autoridades comunales, jueces agrarios y particulares coludidos. Quienes estarían utilizando juicios agrarios simulados, documentos falsificados y violencia legalizada para arrebatarles sus propiedades.
Durante una conferencia de prensa, los afectados afirmaron que no se trata de casos aislados, sino de una estrategia coordinada. Donde el Comisariado de Bienes Comunales de Mitla, el Tribunal Unitario Agrario número 21 y un grupo reducido de comuneros estarían facilitando despojos con fines de lucro.
CASO EMBLEMÁTICO: EL PREDIO “EL MACAHUITE”
Entre los testimonios presentados destaca el del predio “El Macahuite”, legítimamente heredado por Efraín H. G. de su tío Rufino A. Q., con escrituras que datan de hace más de 50 años. Sin embargo, en 2021, su propio hermano, Adolfo H. G., presentó un acta de posesión irregular, respaldada por documentos presuntamente falsos, reclamando el predio.
Las víctimas afirman que el Comisariado de Bienes Comunales expidió ilegalmente dicha acta, validando una compraventa inexistente. Lo más grave: el juicio agrario fue primero desestimado, luego reabierto de forma sorpresiva. Y finalmente resuelto en contra de Efraín, negándole la posibilidad de defenderse legalmente.
El 30 de abril a las 11:00 de la mañana, el predio fue tomado con uso de fuerza pública, en ejecución de una sentencia cuestionada. Este patrón, dicen, se repite con otros comuneros y propietarios legítimos que han sido desplazados mediante resoluciones exprés.
RECHAZO A MEDIACIÓN DEL GOBIERNO
Mientras tanto, la tensión creció fuera del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21. Donde un delegado de paz del gobierno del estado intentó entablar diálogo con los manifestantes. Lejos de encontrar apertura, fue expulsado con gritos y empujones por parte de mujeres indignadas.
“¡Fuera, fuera! Vamos a sacarlo, vamos a encaminarlo las mujeres, vamos a encaminarlo las mujeres”, le gritaron al delegado, mientras tres mujeres lo alejaban físicamente del lugar.
“¡Fuera por corruptos, fueraaa…”, corearon los manifestantes frente al tribunal.
La escena reflejó no solo el enojo acumulado, sino también la desconfianza total hacia las instituciones. Las cuales, acusadas de actuar como cómplices en los despojos.
CONTROL COMUNAL, EXCLUSIÓN Y VIOLENCIA FÍSICA
Los afectados señalaron que un pequeño grupo de comuneros —entre ellos Pepe y Cirilo Juárez A.— mantiene el control del territorio comunal, excluyendo a propietarios con títulos legítimos y facilitando la venta ilegal de tierras. Incluso reportaron agresiones físicas, como la puñalada sufrida por Efraín H. en 2024, sin que hasta ahora haya consecuencias legales.
EXIGEN INTERVENCIÓN FEDERAL Y JUSTICIA AGRARIA REAL
Ante la magnitud del conflicto, las familias exigieron una auditoría federal al Comisariado de Bienes Comunales de Mitla, intervención urgente de la Procuraduría Agraria, la SEDATU y sanciones penales para quienes han simulado procedimientos agrarios y falsificado actas de posesión.
Finalmente, también hicieron un llamado directo al gobernador Salomón Jara Cruz y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para detener la red de corrupción agraria y garantizar el estado de derecho, antes de que el conflicto escale aún más.
