Uno de los puntos neurálgicos en el tema de vivienda es la reserva territorial, contar con un espacio de tierra con seguridad jurídica, acceso a servicios como agua potable, electrificación, acceso y vialidades. Además de lograr el ordenamiento territorial y ecológico, la identificación de riesgos y el financiamiento para la vivienda, y que actualmente los municipios no cuentan con la visión y los recursos para poder invertir en la planeación del crecimiento de sus ciudades.
La falta de control en el crecimiento urbano y de suelo seguro para familias de bajos ingresos ha limitado el desarrollo de las ciudades que en muchos casos ha visto desbordado sus límites municipales. Un gran reto en todo el estado, pero en especial en la zona metropolitana de Oaxaca de Juárez, por eso es necesaria la intervención y la participación coordinada de las autoridades federales, estatales y municipales para alcanzar el desarrollo urbano, la adquisición de reservas territoriales y el aprovechamiento del suelo interurbano.
Construir más viviendas es una necesidad urgente en muchas regiones debido al crecimiento poblacional y la demanda de hogares accesibles. La falta de viviendas asequibles genera problemas como el aumento de asentamientos informales, el encarecimiento del mercado inmobiliario y el incremento de la desigualdad social.
Al abordar esta situación, es fundamental que los gobiernos, el sector privado y las comunidades trabajen en conjunto para desarrollar estrategias que permitan la construcción eficiente y sostenible de viviendas. Uno de los principales retos en la construcción de más viviendas es la disponibilidad de suelo urbanizable. En muchas ciudades, el espacio es limitado, lo que encarece los terrenos y dificulta la expansión.
Para solucionar este problema, es necesario optimizar el uso del suelo mediante la densificación urbana, promoviendo edificios de múltiples niveles y el aprovechamiento de terrenos subutilizados. Además, la planificación urbana debe enfocarse en crear comunidades bien conectadas con servicios básicos, transporte y espacios públicos.
Jornaleros agrícolas
La explotación de jornaleros del Valle de San Quintín es sólo una muestra de los abusos y prácticas de semiesclavitud rural que ocurren en 18 estados del país, ya que 90 por ciento de los jornaleros agrícolas no cuentan con contrato de trabajo. Este tipo de trabajadores son indígenas provenientes de las entidades con mayor pobreza del país como Oaxaca y Guerrero, trabajadores que padecen condiciones de vida infrahumanas.
Muchos de ellos laboran 15 horas al día en promedio, casi el doble de la jornada permitida, y ocho de cada 10 no pueden acudir al médico en caso de enfermedades y accidentes, por no tener prestaciones ni seguridad social. En el país se calcula la presencia de 3.2 millones de jornaleros agrícolas de los cuáles 1.2 millones migran a diferentes zonas agrícolas para la cosecha de flores, frutas, hortalizas, caña de azúcar o café.
Se estima que hay 80 mil jornaleros en el Valle de San Quintín de los que sólo 32 mil se encuentran registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Los principales lugares de emisión de jornaleros agrícolas migrantes se encuentran en los municipios de los estados más pobres de México como son Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz e Hidalgo teniendo como principales comunidades originarias a los mixtecos, zapotecos, triquis, tlapanecos, amuzgos, nahuas, purépechas, tarahumaras y tepehuanos.
Atender a los jornaleros agrícolas es una tarea fundamental para garantizar sus derechos laborales, su bienestar y la productividad en el campo. Estos trabajadores desempeñan un papel esencial en la producción de alimentos, enfrentando largas jornadas bajo condiciones climáticas extremas y, en muchas ocasiones, con acceso limitado a servicios básicos como salud, educación y vivienda digna.
Uno de los principales desafíos que enfrentan es la precariedad laboral. Muchos jornaleros carecen de contratos formales, lo que los deja sin acceso a seguridad social ni prestaciones. Además, los bajos salarios y la falta de regulaciones efectivas contribuyen a la explotación laboral.
