Víctor Manuel Aguilar Gutiérrez
Desde 1824, México se constituyó como una república. En 1854, la república fue restaurada. Ya en 1917, la nueva constitución hasta hoy vigente la confirma. El artículo 40 de nuestra Constitución estipula que “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos…”.
La división de poderes es un principio inherente a la República. El artículo 49 de nuestra Constitución establece que el Poder de la Federación se divide en tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La división de poderes es un elemento fundamental de los estados democráticos.
Durante el presidencialismo en México, de 1935 a 1997, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus anteriores denominaciones, mantuvieron sin problema la presidencia de la república, las gubernaturas de los estados; así como la mayoría absoluta y calificada en las cámaras de senadores y diputados; y un Poder Judicial que aparentaba cierta neutralidad, pero finalmente afín al régimen. El poder absoluto lo ostentaba el presidente de la república. Todavía encontramos actores políticos provenientes de estos tiempos instalados cómodamente en el actual gobierno. Fueron los tiempos de la “Dictadura Perfecta” como lo llamó Vargas Llosa.
En 1997, por primera vez el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados siendo presidida por un diputado de oposición. A pesar de esto, en todos los eventos de protocolo siempre asistieron los representantes de los tres poderes sin importar la filiación o posición política. Para el año 2000, el PAN gana la presidencia de la república con Vicente Fox, el ejecutivo siempre respetó la institucionalidad y a los tres poderes a pesar de los “dimes y diretes” entre ellos. Se pasó de una democracia representativa a una democracia participativa. Durante el sexenio de Felipe Calderón, se mantuvo el respeto por los tres poderes aunque el poder legislativo siempre fue crítico y opositor al Presidente. Lo mismo sucedió en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
A partir de 2018, el actual partido en el poder logró obtener la presidencia de la república y mayorías en el poder legislativo; sin embargo, por su espíritu técnico y de contrapeso (así fue diseñado) el Poder Judicial, resultó incómodo para el nuevo régimen. De la misma manera que otros gobiernos, como Venezuela en su momento disolvieron su congreso cuando les fue incómodo, en México se aplica la misma receta contra el Poder Judicial.
La reforma al Poder Judicial implica prácticamente la “disolución” de este poder para dar paso a la elección de ministros, magistrados y jueces seleccionados más por afinidad política que por criterios técnicos, e insaculados mediante una tómbola. Esta elección que será en junio próximo pone en predicamento al INE, quien con presupuesto reducido tendrá que organizarla. El desprecio del actual régimen por el Poder Judicial se evidenció el pasado 5 de febrero al no ser invitada su representante, por primera vez en la historia, al Aniversario de la Constitución, por el simple hecho de cumplir su función de contrapeso a otro poder, lo que evidencia el talante autoritario de quien representa al Ejecutivo.
El Poder Judicial funciona de manera autónoma sobre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo a fin de garantizar que sus dictámenes se apeguen a rigor jurídico. Por ello existe la división de poderes, cuyo fin es evitar el abuso de poder y proteger los derechos de los ciudadanos. El Legislativo fiscaliza al Ejecutivo, y el Poder Judicial tiene la responsabilidad de juzgar si las leyes creadas por el Legislativo están de acuerdo con la Constitución. En este sentido, si la Cámara de Diputados elabora una ley que perjudica o restringe algún derecho fundamental, el Poder Judicial tiene el deber de declarar esa ley como inconstitucional. El poder judicial también protege al ciudadano contra actos inconstitucionales del Poder Ejecutivo.
La estrategia electoral del partido en el poder se ha basado en las dadivas y apoyos de los programas sociales; sin embargo, al consolidar un poder hegemónico y absoluto ya no necesitaran el apoyo electoral de la gente, porque entonces se habrá fortalecido un aparato de control como existe en Cuba y Venezuela, poniendo en riesgo la democracia y la república. En este marco un poder que ejerce su función de contrapeso resulta incómodo. Cuando se acabe el queso solo quedará la ratonera.
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