Cada vez más sectores de nuestra sociedad demandan una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de los partidos políticos, debido al oneroso presupuesto que cada que año tras año se les asigna. Si la preocupación es el origen ilícito del dinero que llega a las campañas, entonces hay que acudir a la fiscalización, generar mejores esquemas de transparencia y límites a las contribuciones.
Ante las crecientes necesidades económicas y sociales de los mexicanos y en especial de los oaxaqueños, hoy se destina mucho dinero a los partidos políticos que no acaban de convencer al electorado. Por ello se ha planteado que los partidos acudan al financiamiento a través de contribuciones de sus simpatizantes. Esto generaría incentivos para que realizaran un mejor papel en el cargo una vez que sean electos, además de que muchos partidos dejarían de existir sin financiamiento público, tal y como ha sucedido con muchos de ellos que participan en una elección y después desaparecen, pero con un fuerte gasto que corrió por parte de la ciudadanía.
A pesar de que se han impulsado reformas para disminuir el costo electoral en México, en los últimos procesos electorales más dinero público reciben los partidos políticos con registro nacional. Junto con ello, empezar a revisar la disminución de los 500 diputados federales para que sean únicamente 300 de mayoría relativa.
El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección se compone de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las otorgadas para la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. Ante la nueva realidad política electoral es necesario revisar la asignación de esos millonarios recursos, pues son muy onerosas que bien podrían servir para atender necesidades de los ciudadanos.
Protestas ciudadanas
Ante las agresiones que han sufrido quienes han participado en expresiones sociales, se debe insistir que la protesta ciudadana es una manifestación legítima de la democracia, que permite a las personas expresar sus opiniones, demandas y preocupaciones ante las decisiones de los gobiernos o instituciones. Este derecho, reconocido en tratados internacionales y en numerosas constituciones nacionales, debe ser garantizado por los Estados de manera efectiva, pues representa una herramienta clave para fomentar sociedades más justas e inclusivas.
Para garantizar este derecho, es fundamental que las autoridades no solo respeten la libre expresión y reunión pacífica, sino que también adopten medidas activas para proteger a quienes ejercen este derecho. Esto implica evitar el uso excesivo de la fuerza, limitar las detenciones arbitrarias y proporcionar espacios seguros donde las personas puedan manifestarse sin miedo a represalias.
Además, los Estados deben establecer protocolos claros que regulen la actuación de las fuerzas de seguridad, asegurando que estas actúen con proporcionalidad y respeto por los derechos humanos. Es igualmente esencial fomentar el diálogo y la mediación entre las partes involucradas. Las protestas son, en muchos casos, el reflejo de un sistema político que no ha logrado atender las demandas de ciertos sectores de la población.
Aunado a ello, las instituciones deben asumir un rol proactivo, escuchando las preocupaciones de los manifestantes y buscando soluciones concretas a sus problemáticas. No obstante, garantizar las protestas ciudadanas también implica delimitar su alcance. El derecho a protestar debe ejercerse de forma pacífica, evitando actos de violencia o vandalismo que puedan poner en riesgo la seguridad de las personas o los bienes públicos y privados. Cuando se producen excesos, las autoridades tienen la responsabilidad de intervenir, siempre respetando los principios de legalidad y proporcionalidad. El derecho a la protesta ciudadana es una expresión de la democracia que debe ser protegida y promovida.
