Ante un escenario social muy delicado, las autoridades deben ser cuidadosas con las políticas que desplieguen para prevenir y combatir la violencia, pues año con año el Estado mexicano invierte cuantiosos recursos para el combate a la pobreza y la reducción de la desigualdad. Nuestras autoridades deben de estar preocupados por el aumento de la pobreza en zonas urbanas, debido a que en éstas las carencias pueden derivar en resentimientos sociales y delincuencia con mayor facilidad que en las áreas rurales.
Se debe admitir que combatir esta pobreza urbana no merece dilación porque estos contrastes, esas desigualdades que se dan en las ciudades generan un clima de más violencia, la desigualdad que se genera en las ciudades causa encono, resentimiento. Algunos problemas que se registran en esas zonas, entre las que se encuentran el robo a transeúntes o en el transporte público, reflejan la relación que existe entre pobreza urbana y violencia social.
Son zonas donde de manera reincidente no hay una presencia institucional del Estado mexicano de manera notable. Existen los servicios urbanos, pero son precarios, como también los servicios educativos, pero son de mala calidad. Existen servicios de seguridad pública, pero son deficientes, y entre el hacinamiento, la falta de oportunidades y las condiciones precarias de vida, genera cierto tipo de violencia.
Las carencias económicas y de oportunidades pueden hacer que las personas ejerzan la delincuencia, pues la violencia que puede derivar de la pobreza urbana no necesariamente se relaciona con los grupos del crimen organizado, sino que puede manifestarse en la formación de pandillas, agresiones entre vecinos o violencia intrafamiliar y de género.
La aplicación de programas sociales debe complementarse con crecimiento económico y generación de empleo, pues sin duda, la eficiencia de los programas sociales depende de tres cosas: que estos estén bien diseñados y alineados con las necesidades, que tengan la cobertura correcta y que tenga un presupuesto suficiente y consistente.
Retos vigentes
Los conflictos sociales y en especial las movilizaciones de organizaciones se han convertido al paso del tiempo en el mayor reto por superar, ya que al amparo de esas acciones al margen de la ley la delincuencia común y organizada ha encontrado la mejor forma de operar sin que nadie los moleste. De ahí que el gran reto sigue siendo crear un clima de orden y seguridad que permita a Oaxaca multiplicar las inversiones, recuperar el Estado de Derecho, la aplicación puntual de la ley para desterrar y sancionar aquellos ilícitos de organizaciones y grupos que hoy han sentado sus reales.
En nuestro estado todos los conflictos merecen especial atención, desde los conflictos agrarios, pasando por los problemas internos municipales y hasta los de carácter religioso, los cuales deben ser atendidos mediante una política de diálogo constante y apegados a la legalidad.
No solo se debe apelar al diálogo y la conciliación con cada una de las partes involucradas para mantener canales de interlocución para concluir esta etapa y empezar de nuevo a construir el progreso y desarrollo de Oaxaca, porque corresponderá a la ciudadanía presionar a las autoridades y estatales a hacerlo
Junto con ello, prevenir y corregir la incidencia de prácticas indebidas en el ejercicio de la función pública y garantizar el adecuado manejo de los recursos del erario. Si bien es cierto aún falta mucho por hacer, toda vez que el histórico rezago de Oaxaca y las asignaturas pendientes con quienes menos tienen se mantiene, los oaxaqueños confían que al tocar prácticamente fondo se puedan empezar a construir las condiciones para una convivencia armónica de los oaxaqueños.
Sin duda, atender demandas sociales significa responder a la presión que las sociedades ejercen para que se produzcan cambios en las relaciones sociales.
