Nunca como ahora se necesita de oficio y sensibilidad política para atender la serie de conflictos políticos y sociales que día a día e presentan en nuestra entidad y que desquician las actividades cotidianas de los oaxaqueños. A pocos días de que concluya este 2024, las movilizaciones siguen sin ser resueltas y se han avivado con bloqueos por parte de trabajadores del sector salud y el cierre de vialidades y amago de acciones por parte de trabajadores al servicio del Estado.
Un gobierno eficiente y eficaz es clave para el desarrollo sostenible de una sociedad, ya que su desempeño impacta directamente en la calidad de vida de sus ciudadanos. La eficiencia en un gobierno se refiere a su capacidad para utilizar los recursos disponibles de manera óptima, minimizando costos y desperdicios mientras maximiza los resultados. Por otro lado, la eficacia implica alcanzar los objetivos propuestos y responder adecuadamente a las necesidades de la población.
Un gobierno eficiente gestiona sus recursos humanos, financieros y materiales de forma racional y equitativa, asegurando que los bienes y servicios públicos lleguen a quienes más los necesitan. Esto incluye la implementación de políticas públicas basadas en datos y evidencia, evitando duplicidades y promoviendo la innovación en los procesos administrativos.
La eficacia, en cambio, se mide por los resultados alcanzados. Un gobierno eficaz es aquel que no solo planifica, sino que ejecuta acciones concretas que generan impacto positivo en áreas clave como la educación, la salud, la seguridad, la infraestructura y el medio ambiente. Esto implica establecer metas claras, priorizar acciones y evaluar constantemente los resultados para corregir desviaciones.
Así, un gobierno eficiente y eficaz es aquel que combina la correcta administración de recursos con la capacidad de cumplir sus objetivos y responder a las demandas de la población. Para lograrlo, es fundamental el compromiso de las autoridades, el fortalecimiento institucional y la colaboración activa de la ciudadanía. Solo así se podrá construir una sociedad más justa, equitativa y próspera para todos.
Casos a revisión
Con el compromiso del Gobierno del Estado de respetar la minuta de acuerdo alcanzado con los representantes del Sindicato de Burócratas para revisar caso por caso sobre la revocación de las mil 344 plazas, tal parece que se logró conciliar un serio conflicto que amenazaba con desbordarse ante la presión de los trabajadores de radicalizar sus posturas ante lo que consideraron un agravio.
Más allá de los procedimientos y criterios para la revisión y que no se afectarán los grupos vulnerables, el reto es depurar las plazas para erradicar de tajo con la corrupción que representa el tráfico de plazas, donde sin duda ha existido contubernio de los mismos trabajadores pero también de las autoridades que lo han solapado y propiciado.
Que hoy se conozca que existen casos como el de un expresidente municipal y su familia, quienes cuentan con bases y cobran sin trabajar, que existen muchos que han hecho de esta práctica ilícita una industria millonaria debe ser la punta de la madeja para combatir la corrupción y aplicar los criterios jurídicos para deslindar responsabilidades.
Quienes tienen plazas y no acuden a trabajar deben ser borrados de la nómina, terminar con estos vicios que sangran las finanzas del Estado, pero no lesionar a quienes cumplen con acudir a sus centros de trabajo y devengan sus salarios y cuyas bases fueron con apego a la ley. Ante la presunta complicidad de algunos trabajadores que no acuden a trabajar con los delegados sindicales, una investigación precisa y puntual debe ayudar a terminar con tales vicios.
En ese mismo ánimo, tocará al Sindicato asumir su responsabilidad y revisar todas y cada una de sus acciones para terminar con malas prácticas, evitar la tentación de la corrupción y la complicidad. Y por supuesto, las autoridades deben respetar la voluntad de los trabajadores y evitar inmiscuirse en su vida sindical, pues corresponde únicamente a ellos decidir quiénes serán sus representantes.
