Con el reto de atender los ancestrales problemas económicos, políticos y sociales que agobian a los oaxaqueños, inició el tercer año de la administración estatal, un reto que reclama eficiencia y eficacia en la aplicación de las políticas públicas que ayuden a atender estos retos que se manifiestan en diversas áreas como la pobreza, la desigualdad, la falta de infraestructura y la marginación, afectando especialmente a las comunidades indígenas y rurales.
Al margen de que Oaxaca es uno de los estados más ricos en cultura, biodiversidad y recursos naturales en México, uno de los principales problemas es la pobreza. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), más del 60% de la población vive en condiciones de pobreza, con una alta concentración en zonas rurales e indígenas.
La falta de acceso a servicios básicos, como agua potable, electricidad y saneamiento, perpetúa este círculo de marginación, pues mientras que algunas zonas urbanas, como la capital del estado, muestran cierto desarrollo, muchas comunidades indígenas carecen de oportunidades para mejorar su calidad de vida.
Tal desigualdad se refleja en el acceso desigual a la educación y la salud, las tasas de analfabetismo en Oaxaca son de las más altas del país, especialmente entre mujeres indígenas. Además, el acceso a servicios de salud es limitado en regiones apartadas, lo que incrementa las brechas en esperanza y calidad de vida.
Aunado a ello, la economía oaxaqueña enfrenta también desafíos estructurales, pues a pesar de contar con una gran riqueza cultural y turística, el desarrollo económico es insuficiente debido a la falta de inversión en infraestructura. Las carreteras y vías de comunicación deficientes dificultan el comercio y el acceso a mercados más amplios, limitando el potencial de crecimiento de sectores como la agricultura, la artesanía y el turismo.
Es indudable que para superar estos retos, es fundamental diseñar políticas públicas integrales que promuevan el desarrollo económico, respetando y aprovechando la diversidad cultural y natural del estado.
Desigualdad
La posibilidad de reducir la desigualdad no se encuentra en hacer que todos los mexicanos ganemos lo mismo, sino en impedir que la brecha económica entre el más pobre y el más rico se haga más profunda. Nuestro país necesita un Estado que trabaje para los muchos y no para los pocos, en donde se gaste con sentido en educación, salud y servicios básicos y que impulse políticas para que las personas no trabajen para seguir siendo pobres.
En las últimas dos décadas, los ingresos del país han aumentado mientras las tasas de pobreza continúan estancadas y los millonarios se han hecho con fortunas más generosas. Hoy siguen campeando los bajos ingresos, la marginación a la población indígena, la brecha entre la educación pública y privada y el incremento de la violencia.
La educación pública se imparte en escuelas que no cuentan con los servicios básicos de agua y electricidad, y donde el 80 por ciento de los estudiantes no tiene acceso a Internet. Por ello se ha recomendado al Gobierno recuperar políticas públicas para atender las necesidades básicas de la población, así como una política fiscal más agresiva con los sectores más ricos.
La desigualdad es un fenómeno arraigado en múltiples factores, como la concentración de la riqueza, el acceso desigual a la educación, la discriminación y la falta de oportunidades laborales dignas.
Para reducirla urge fortalecer los derechos laborales y promover la inclusión financiera para las comunidades marginadas, garantizar el acceso universal a una educación de calidad desde la infancia, así como fomentar la capacitación técnica y profesional en sectores estratégicos. Además, es necesario invertir en infraestructura básica, como salud, transporte y vivienda, para mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables.
Combatir la corrupción y garantizar la transparencia son elementos clave para asegurar que los recursos públicos se destinen a programas sociales efectivos. Solo mediante un compromiso conjunto entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado será posible construir un México más justo e igualitario para todos.
