“¡Estoy cooperando, ahí tienen mis documentos!; ¿En qué no estoy cooperando?, ¡tienen mis documentos!”, señala un hombre joven aún con un casco de motociclista que es arrinconado violentamente contra la patrulla número 813 del municipio de Santa Lucía del Camino y forcejea con al menos tres uniformados quienes lo suben al vehículo oficial, el pasado enero de 2023. mientras un ciudadano documenta el abuso y otra mujer policía intenta entorpecer la grabación del documento.
De acuerdo con una escueta respuesta a una solicitud de información girada por un particular al municipio conurbado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en 2023 ese ayuntamiento logró captar 1 millón 939 mil pesos por concepto de multas o pago de infracciones de tránsito.
El documento en poder de EL IMPARCIAL, indica de manera sucinta: “Los ingresos recaudados por concepto de multas de tránsito vehicular del ejercicio 2023, en este Municipio es de $1,939,638.68 (Un millón novecientos treinta y nueve mil seiscientos treinta y ocho 68/100 MN).
El hecho fue difundido, bajo la etiqueta #circulaenredes ,19 meses antes del asesinato a manos de policías de Santa Lucía del Camino del estudiante de la Universidad Anáhuac, Diego Ignacio Paz, de 22 años de edad, y de la agresión al amigo de la víctima Josué R. M. Estos hechos desnudaron los abusos policíacos en la demarcación que gobierna el morenista Juan Carlos García Márquez y que, a la fecha, se mantiene en la impunidad.
De acuerdo con los vecinos de Santa Lucía del Camino, hasta la fatídica noche del sábado 31 de agosto de 2024 era usual que los uniformados colocaran el Operativo Alcoholímetro tres y hasta cuatro veces a la semana en el cruce de avenida Hornos y Camino Nacional. En otros casos, señalaban que en el perímetro de Macroplaza, incluso después del operativo de la Policía estatal, también era usual detener “a revisión” a los automovilistas.
De acuerdo con esa cifra cercana a los dos millones de pesos al año, en promedio el municipio captaba más de 37 mil pesos semanales a causa de sanciones o multas de tránsito sin transparentar la aplicación de recursos. En alguna ocasión García Márquez afirmo, mediante un video, que las multas servirían para comprar despensas en favor de la población.
Violando la Ley de Vialidad Estatal, los uniformados retiraban tarjetas de circulación, licencias y hasta las placas de automotores propiedad de los automovilistas como una forma de “asegurar la cobertura de la multa”, señalaban policías a los sancionados; práctica recurrente también en Xoxocotlán, San Jacinto Amilpas o Santa Cruz Amilpas, entre otros.
El secretario de Gobierno, Jesús Romero, tres días después del asesinato del estudiante, señaló: “no es posible que se extorsione a la ciudadanía con los alcoholímetros; era una buena medida, pero la pervirtieron”.
Puntualizó que entre los municipios señalados de abusos por la Defensoría de Derechos Humanos se cuenta Santa Lucía del Camino, con 25 expedientes vigentes hasta finales de junio. Sin embargo, las recomendaciones de esa instancia no surten ningún efecto en esa autoridad municipal y es ignorada por el presidente municipal Juan Carlos García Márquez, quien por cierto logró su reelección y tomará posesión del siguiente trienio, 2024-2027 el próximo 1 de enero.
Hasta septiembre de 2024 habría más de 220 quejas ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) entre el 2023 y 2024 contra las policías municipales de cinco municipios de Oaxaca y su zona metropolitana, destacando Santa Lucía del Camino como uno de los que ha sido merecedor de recomendaciones.
El año pasado, los elementos de Oaxaca de Juárez encabezaron la lista con 48 denuncias, de los cuales, 22 se encuentran en trámite y después, los policías de Santa Lucía del Camino, con 37 quejas y 22 en trámite. También se ha señalado a Santa Cruz Xoxocotlán, San Jacinto Amilpas y, de manera recurrente, a Santa Cruz Amilpas.
La respuesta se giró a la solicitud de información presentada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, registrada con el número de folio 202321724000011 y fue respondida el 11 de abril de 2024.
La Defensoría señaló que “es preocupante” que, durante el año 2022 y el periodo que transcurrió de 2023 se hayan recibido 17 quejas sobre detenciones ilegales y/o arbitrarias en que se involucran a elementos de seguridad pública del Ayuntamiento de Santa Lucía, en que se han documentado además excesos, violencia física y verbal. Justo durante la administración de García Márquez.
