Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, hizo declaraciones contundentes esta semana respecto a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. Quien fue sentenciado a 38 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. Según Rodríguez, García Luna desempeñó un papel crucial al evitar la detención de Jorge Antonio, conocido como el “segundo tirador” en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994.
Durante su intervención, la secretaria explicó que, tras el atentado en Lomas Taurinas, Jorge Antonio fue arrestado de inmediato y trasladado a la Procuraduría General de la República en Tijuana. Sin embargo, fue García Luna quien, en un acto de encubrimiento, facilitó su fuga.
“García Luna encubrió a Jorge Antonio, un agente del CISEN asignado a la seguridad del entonces candidato presidencial priista”, afirmó Rodríguez, resaltando la conexión entre el exfuncionario y el caso.
Estas declaraciones se suman a las investigaciones en curso de la Fiscalía General de la República (FGR). La cual ha señalado que García Luna tiene “cuentas pendientes con la ley”. La FGR ha estado recopilando información y evidencia sobre las acciones del exsecretario. Que podrían derivar en más acusaciones en su contra.
La revelación de que un alto funcionario de seguridad pudo haber interferido en una investigación tan crítica plantea serias preguntas sobre la integridad del sistema de justicia y la seguridad en México. La ciudadanía espera que estas investigaciones conduzcan a una mayor transparencia y rendición de cuentas en las instituciones. Así como a la erradicación de la impunidad en el país.
Finalmente, con la reciente sentencia y estos nuevos hallazgos, el caso de García Luna sigue siendo un tema de gran relevancia en el discurso público. Con ello, reflejando los desafíos que enfrenta México en su lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
