La política del Gobierno de la República de transitar de los apoyos asistencialistas a los incentivos a la productividad no ha rendido los frutos esperados, para que el sector primario del país avance en su transformación con índices de crecimiento productivo relevantes. Hasta hoy las acciones de políticas públicas de alto impacto, derivadas de las reformas estructurales, no han influido como se esperaban.
En nuestro estado se necesita abrir mayores oportunidades en el desarrollo de sector agropecuario y pesquero, la tecnificación de riego de 267 mil hectáreas, pues para aquellos campesinos que han llegado a situaciones límite, la estrategia de supervivencia es la migración. La búsqueda de un nivel de vida mejor ha desplazado a una buena parte de la población rural fuera de sus lugares de origen.
Entre las posibles soluciones para la desocupación y la improductividad de la gente del campo, difícilmente puede considerarse su reubicación en empleos o subempleos urbanos. Y a pesar del discurso para garantizar el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria, en México aún estamos muy lejos de contar con el presupuesto y los programas necesarios para hacer efectivo este derecho a toda la población.
Existe preocupación por la problemática actual y las alternativas de solución que se deben presentar para enfrentar con éxito esta crisis, donde los más afectados son quienes menos posibilidades tienen. Es indudable que la desigualdad en materia económica que se vive México y en especial en Oaxaca es alarmante, la distribución de la riqueza en nuestro país es una de las peores en el planeta, unos pocos concentran la mayor parte del ingreso nacional, mientras la mayoría de la población enfrenta graves problemas para subsistir.
Urge impulsar la transformación del campo, para darle fuerza de manera conjunta con las instituciones federales, estatales y municipales a fin de fortalecer los propósitos y objetivos de la soberanía y seguridad alimentaria.
Intolerancia religiosa
Oaxaca ocupa el segundo lugar a nivel nacional en intolerancia religiosa, concentrando los mayores casos en municipios regidos por el sistema normativo interno, por lo que visibilizar este problema es fundamental para su pronta atención y erradicación.
Ante tales casos es necesario sentar las bases para implementar políticas públicas que puedan erradicar este flagelo, armonizando una plena convivencia pacífica en la que se respeten los derechos humanas de todas y todos y así dar paso a la tolerancia religiosa hacia personas que profesan una fe distinta a la de la mayoría.
Es urgente que esta problemática sea visibilizada y atendida debidamente, pues conforme a lo expuesto se han sentido vulneradas muchas personas por la falta de tolerancia en la libertad de creencia. Lo cual obliga a elaborar una iniciativa de ley o política pública que les brinde protección y garantía a todas las personas que profesen una religión distinta a la católica en el marco del respeto a sus derechos humanos.
Comprender la necesidad de luchar contra la denigración y los estereotipos religiosos negativos de las personas, así como contra la incitación al odio religioso, elaborando estrategias y armonizando las acciones a nivel local, nacional, regional e internacional mediante la educación y la sensibilización; fomentar la representación y la participación significativa de las personas, independientemente de su religión o creencias, en todos los sectores de la sociedad.
Hacer un gran esfuerzo para contrarrestar la elaboración de perfiles religiosos, que se entiende como el uso injusto de la religión como criterio en la realización de interrogatorios, registros y otros procedimientos de investigación de las fuerzas del orden. Es importante recordar que la intolerancia religiosa fue un componente estructural de la conquista española.
