LISANDRO MORALES
Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado acaban de aprobar la reforma para establecer que los salarios mínimos no estén por debajo de la inflación.
La política de aumento al salario mínimo iniciada por el gobierno de AMLO ha sido celebrada como un paso crucial en la lucha contra la pobreza y la desigualdad salarial. El gobierno de Peña Nieto dejó un salario de 88 pesos diarios, a partir del inicio del gobierno de AMLO, se incrementó año con año, hasta concluir su sexenio con un salario diario de 249 pesos. Este incremento ha beneficiado a millones de personas, especialmente a aquellos sectores que han estado en niveles salariales muy bajos cuyas remuneraciones han sido ajustadas.
Con esta reforma que está por aprobarse se establecerá en el artículo 123 constitucional que el aumento al salario mínimo no podrá estar por debajo de la inflación. Además, los maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la fuerza armada, así como médicos y enfermeros, percibirán un salario mensual que no podrá ser inferior al salario mensual promedio registrado ante el IMSS, que actualmente es de 17,441 pesos.
Las bondades de estas políticas no solo recaen en sus beneficiarios directos, tal aumento tiene la capacidad de impulsar el consumo interno, dado que el incremento de los ingresos fomenta una mayor capacidad de compra en los sectores más vulnerables, lo que dinamiza la economía local.
En este sentido, el discurso oficial destaca que los incrementos al salario mínimo han contribuido a sacar mucha gente de la pobreza. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que fueron 9.5 millones de mexicanos los que salieron de la pobreza durante el gobierno de AMLO, citó fuentes del Banco Mundial. Este organismo internacional define la pobreza como vivir con menos de 2.15 dólares diarios, lo cual evidencia que el aumento exponencial del salario mínimo y los apoyos sociales han sido clave para que, según esta medición, en México la pobreza haya reducido más de un 25%.
Habrá que ver los datos recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), claro, si no lo desaparecen antes, como está planteado en otra de las reformas constitucionales enviadas al Congreso de la Unión por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Este organismo descentralizado de la administración pública federal mide la pobreza en México, lo hace entendiéndola como un fenómeno de naturaleza multidimensional, donde se consideran diversos indicadores como el rezago educativo, acceso a la seguridad social, a servicios de salud, servicios básicos de vivienda, alimentación, entre otros. Con esta medición de la pobreza, los datos, al menos hasta 2022, no se parecen en nada a los del Banco Mundial. Entonces, ¿en México hay menos pobres o no? Depende cómo se mida la pobreza.
Volviendo a la reforma, es importante destacar que esta no se limita al sector público. Aplica tanto a los trabajadores del gobierno como a aquellos que laboran en la iniciativa privada, incluidos millones de empleados formales registrados en el IMSS. A pesar de las críticas iniciales que recibió el aumento del salario por parte de diversos sectores, la evidencia sugiere que estos incrementos no han sido determinantes en el aumento de precios finales. Factores como el cambio climático y la influencia del crimen organizado en el mercado tienen un impacto más significativo en el alza de precios en México.
Esta reforma que busca que el salario mínimo no quede por debajo de la inflación es de las pocas políticas del gobierno anterior, que no son cuestionadas, es más, las aplaudimos y los legisladores de oposición las vota a favor. Nadie está en contra de que se beneficie a los sectores más vulnerables, pero no hay que perder de vista que, si bien es cierto que esta política ha funcionado para reducir la brecha de ingresos, no es suficiente para combatir la pobreza. Es fundamental un enfoque integral que contemple no solo el aumento de los ingresos, sino también la mejora de los servicios de calidad, para que las familias no vean evaporados los beneficios de estos incrementos por los gastos en salud o educación.
