En México, como en muchas partes del mundo, los territorios forestales están fuertemente amenazados por industrias extractivas como la minería y los megaproyectos de generación de energía e hidrocarburos, así como por la agricultura comercial de monocultivos y la ganadería extensiva.
Las personas defensoras comunitarias e indígenas, particularmente las mujeres defensoras de derechos humanos, se ven especialmente afectadas por procesos judiciales o detenciones, debido a que muchas veces realizan su labor de defensa de derechos humanos de forma voluntaria, y no pueden generar ingresos durante el desarrollo de estos procesos judiciales, lo que les afecta a ellos y a sus familias.
El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar que las personas defensoras de derechos humanos y ambientales puedan llevar a cabo sus actividades de manera segura, y de que dicha garantía de protección sea una prioridad, pero la realidad es que el país se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos en el mundo para desempeñar estas actividades de activismo ambiental y de procuración del respeto a los derechos humanos.
Una serie de reformas estructurales en el marco legal del país, como la energética, ha abierto la puerta a que se liciten territorios para la extracción de hidrocarburos y minerales, así como para la generación de energía eólica y solar; esto en detrimento de la soberanía de las comunidades dueñas de dichos territorios.
Ante estas amenazas a los territorios, las comunidades se han organizado para hacer frente a estos embates que ya han ocasionado afectaciones ambientales y sociales en distintas regiones del país y en el mundo.
México se sitúa como uno de los tres países más peligrosos para los defensores ambientales por el alto número de agresiones, amenazas y muertes de las que han sido víctimas las personas que deciden defender sus comunidades de los megaproyectos energéticos y agroindustriales.
Promover inversiones
Los retos de Oaxaca hay que verlos en un plazo mayor de 20 a 30 años, en proyectos transexenales de cuatro o seis sexenios, con continuidad para que el proceso de desarrollo tenga consistencia y no se trunque en los cambios de gobierno. Hay gobiernos más eficientes que otros, por eso se debe buscar tener buenos resultados en un periodo prolongado, sin el ciclo sexenal cíclico en donde hay una baja en inversión cuando ya está por terminar el periodo gubernamental y se continúa en el primer año del sexenio siguiente.
El objetivo es tener un programa de gran visión hacia un futuro más prolongado, que haya continuidad, coordinación y cooperación transexenal, fijarnos en programas más productivos, de mayor plazo, de mayor envergadura, que generen empleos suficientes para la gran cantidad de familias oaxaqueñas, ya que una de las características de la pobreza en Oaxaca, es que los ingresos familiares son muy pequeños.
Las empresas como las inversiones vendrán y se quedarán si hay estabilidad, seguridad jurídica, seguridad en la tenencia de la tierra, una estabilidad laboral, certeza en elementos de que existan bancos y que exista certeza jurídica en los contratos. Oaxaca necesita mucho capital, pero eso no quiere decir que vaya a llegar solo, el recurso vendrá si hay oportunidades de ganar, si hay oportunidades de generar riqueza y para eso, hay que generar las condiciones.
En aras de alcanzar grandes proyectos se requiere de recursos, tiempo necesario, voluntad política de los involucrados y gubernamental que es muy importante, además de capacidad para organizar esa voluntad política y de dirigir esos recursos y esfuerzos. Es indudable que los principales elementos que vuelven a un mercado atractivo para invertir, es la certeza jurídica, el estado de derecho y seguridad.
