Las desigualdades entre hombres y mujeres son una de las causas de la violencia por razones de género, y también constituyen una violación a los derechos humanos de las mujeres. La propia naturaleza e intencionalidad de las agresiones físicas, permite hacer una aproximación a la severidad de la violencia infligida contra las mujeres por parte de sus parejas.
Se clasifica como violencia física muy grave o extrema, aquella que directamente puso o pudo poner en riesgo la vida de la mujer, como el intentar ahorcar o asfixiar; agresiones con cuchillo, navaja o con arma de fuego, junto con otras agresiones físicas.
La violencia por razones de género afecta a todas las personas, no es un asunto que involucre únicamente a las mujeres, aunque ellas son las más afectadas, los efectos los padece la sociedad entera. Ante tales condiciones es necesario reconocer los efectos nocivos de la violencia por razones de género, no enfocándose únicamente a sus consecuencias sobre la vida y desarrollo de las mujeres, sino de la sociedad en su conjunto, pues no se debe olvidar que más de cincuenta por ciento de la población son mujeres.
El conjunto de mujeres que enfrentó violencia muy grave o extrema (21.2%) y cuya vida estuvo en riesgo, se estima que asciende a poco más de 39 mil mujeres de la entidad. Los datos que dan cuenta de la violencia ejercida por el actual o último esposo o pareja, indican que las agresiones más ampliamente experimentadas por las mujeres son las de carácter emocional, ya que el 40.8% ha sido sometida -al menos una vez a lo largo de su relación- a insultos, amenazas, humillaciones, intimidación y otras ofensas de tipo psicológico o emocional.
Tenencia de la tierra
En la medida en que haya seguridad en la tenencia de la tierra habrá más inversiones, pues se contará con un marco legal adecuado y se podrá contar con suficiente suelo en cada ciudad para el desarrollo ordenado de todas ellas.
Permitirá desterrar la especulación del suelo y se podrán satisfacer las necesidades de vivienda, equipamiento urbano y fomentar el desarrollo regional que permita elevar las condiciones de bienestar de la población.
Ante ello es necesario incorporar procedimientos ágiles para regularizar la tierra social que se encuentra en las zonas urbanas y que pueda ser destinada al desarrollo urbano y vivienda. Emprender las acciones para reformar la Ley Agraria, la Ley General de Asentamientos Humanos y su normatividad, ya que las principales ciudades de Oaxaca presentan un crecimiento desordenado que ocasiona cambios en el uso de suelo, afecta negativamente el desarrollo local, inciden al mismo tiempo en los índices de competitividad.
El reto es titánico, ya que Oaxaca tiene una superficie total de 9.5 millones de hectáreas, poco más de 75 por ciento son propiedad social, es decir, pertenecen a comunidades, ejidos y colonias agrícolas. La marginación es un elemento que influye significativamente en el tema de vivienda, pues deriva de la combinación de una enorme dispersión poblacional en una superficie que es en 70 por ciento montañosa.
Lo cual implica gran dificultad para hacer llegar la infraestructura social y productiva a las localidades, así como el encarecimiento de los bienes y servicios. Por ello urge redoblar la atención a los centros urbanos de menor dimensión que presentan obstáculos para una urbanización ordenada debido a la accidentada orografía y a la carencia de infraestructura y servicios.
