Las constantes marchas, manifestaciones y actos vandálicos protagonizados no sólo por integrantes del magisterio sino también por organizaciones sociales, debe obligar a la constante como permanente aplicación de la ley para hacer valer los derechos y garantías de los habitantes de esta capital que no tienen nada que ver en estos conflictos.
No sólo obligan a la restitución del Estado de Derecho, también a la aplicación puntual de la ley. Es necesario erradicar de tajo la impunidad con que muchos dirigentes de organizaciones actúan y sin temor a ser aprehendidos para rendir cuentas ante la justicia cometen todo tipo de ilícitos.
Esta situación que cada día irrita más a los oaxaqueños se debe combatir con la aplicación estricta de la ley, pues debido a la falta de su puntual ejercicio aumenta el descontento entre la población que demanda el respeto de sus garantías, las cuales en muchas ocasiones se conculcan por quienes trastocan el estado de derecho.
En un Estado de derecho, se fijan límites a la capacidad de acción de los órganos de gobierno y se establecen reglas que organizan la vida social y política de los ciudadanos sobre la base de la igualdad de derechos, al contrario de lo que sucede en las dictaduras, en las que una persona a cargo del poder político toma decisiones sin someterse a normas ni al control de otras instituciones públicas.
El gran reto vigente y que debe obligar a las autoridades estatales a redoblar esfuerzos también implica la aplicación estricta de la ley, pues la convivencia armónica de los oaxaqueños pasa inevitablemente por estas premisas que desde hace mucho se extraviaron.
Además, se debe combatir la impunidad como un factor que alienta la actividad delictiva y, a su vez, descompone a las instituciones y al tejido social. El hecho de que no haya castigos o sanciones para los infractores motiva a éstos a seguir rompiendo las reglas e incita a otras personas a actuar de la misma manera.
Atención a indígenas
Agobiados por la desatención, aumentan las voces que demandan atender con mayor énfasis a los pueblos indígenas y cambiar el escenario para elevar la calidad de vida de sus habitantes. El Estado Mexicano como el Gobierno del Estado tienen el compromiso de mejorar las condiciones de bienestar social de las comunidades indígenas a partir de obras de infraestructura, electrificación y proyectos productivos, como parte de la estrategia de atención a poblaciones que viven en pobreza y pobreza extrema, pues no hacerlo provocará que sigan en el abandono.
Es indudable que la situación de descuido, desatención y falta de apoyo a las comunidades indígenas ha provocado que gran parte de esa población no cuente con oportunidades de educación, salud ni desarrollo. Y a pesar de que se pregonan políticas públicas para su atención, de los aproximadamente 15 millones de indígenas que viven en el país, la quinta parte presenta analfabetismo, la mitad no tiene acceso a servicio médico y el 40 por ciento vive en pobreza extrema.
A todo eso hay que agregar que el 35 por ciento de los municipios del país tiene clasificación de alta marginación, pero si se centra la atención en los 624 que cuentan con el 40 por ciento de la población indígena, el índice de alta y muy alta marginación se dispara hasta el 75 por ciento, mientras que en Oaxaca continuamos con los mismos esquemas que no ayudan a integrarlos al concierto del progreso y desarrollo.
