El conjunto de mujeres que enfrentaron violencia muy grave o extrema y cuya vida estuvo en riesgo, se estima que ascienden a poco más de 39 mil mujeres de la entidad. La violencia de la pareja ocurre con mayor frecuencia entre las mujeres que están o han estado casadas o unidas, pues se estima que por cada 100 mujeres casadas, unidas, separadas, divorciadas o viudas, 47 ha vivido situaciones de violencia emocional, económica, física o sexual durante su actual o última relación marital o de cohabitación.
De acuerdo con el Inegi, la propia naturaleza e intencionalidad de las agresiones físicas, permite hacer una aproximación a la severidad de la violencia infligida contra las mujeres por parte de sus parejas. Se considera como violencia física moderada sólo a un acto violento como empujones, jaloneos o que le haya aventado algún objeto.
La violencia física grave es una combinación de golpes con las manos o con algún objeto, junto con otras agresiones físicas como empujones, que la haya amarrado o pateado. Y se clasifica como violencia física muy grave o extrema, aquella que directamente puso o pudo poner en riesgo la vida de la mujer, como el intentar ahorcar o asfixiar; agresiones con cuchillo, navaja o con arma de fuego, junto con otras agresiones físicas.
Los datos que dan cuenta de la violencia ejercida por el actual o último esposo o pareja, indican que las agresiones más ampliamente experimentadas por las mujeres son las de carácter emocional, ya que el 40.8% ha sido sometida -al menos una vez a lo largo de su relación- a insultos, amenazas, humillaciones, intimidación y otras ofensas de tipo psicológico o emocional.
A éstas les siguen las de tipo económico, tales como el control o el chantaje, mientras que las agresiones corporales y sexuales se ubican muy por debajo de aquellas. Las agresiones de mayor gravedad como las físicas y las de carácter sexual no ocurren como actos aislados, regularmente se presentan acompañadas de otras agresiones y aún cuando la violencia emocional y la económica son las más extendidas en las relaciones de pareja.
Atender pobreza urbana
Las carencias económicas y de oportunidades pueden hacer que las personas ejerzan la delincuencia, pues la violencia que puede derivar de la pobreza urbana no necesariamente se relaciona con los grupos del crimen organizado, sino que puede manifestarse en la formación de pandillas, agresiones entre vecinos o violencia intrafamiliar y de género. Por ello, las autoridades deben ser cuidadosas con las políticas que desplieguen para prevenir y combatir la violencia.
Si bien, los programas sociales han logrado reducir carencias como el acceso a la salud, vivienda y rezago educativo, mientras el ingreso de los mexicanos no mejore seguirá aumentando la pobreza. La aplicación de programas sociales debe complementarse con crecimiento económico y generación de empleo. La eficiencia de los programas sociales depende de tres cosas: que éstos estén bien diseñados y alineados con las necesidades, que tengan la cobertura correcta y que tenga un presupuesto suficiente y consistente.
El aumento de la pobreza en zonas urbanas puede derivar en resentimientos sociales y delincuencia con mayor facilidad que en las áreas rurales, de ahí que combatir esta pobreza urbana no admite dilación porque estos contrastes y desigualdades que se dan en las ciudades generan un clima de más violencia social.
La desigualdad que se genera en las ciudades genera encono, resentimiento, entre ellas, el robo a transeúntes o en el transporte público que reflejan la relación que existe entre pobreza urbana y violencia social. Son zonas donde de manera reincidente no hay una presencia institucional del Estado mexicano de manera notable.
Existen los servicios urbanos, pero son precarios, como también los servicios educativos, pero son de mala calidad. Sí existen servicios de seguridad pública, pero son deficientes. Y esto, entre el hacinamiento, la falta de oportunidades y las condiciones precarias de vida, genera cierto tipo de violencia.
