La desigualdad territorial y desigualdad basada en la discriminación de grupos enteros de la población que comparten alguna característica, sigue vigente en nuestro país, pero en especial en nuestra entidad. No es sólo es un fenómeno que esté relacionado con la cantidad de dinero que pueda generar un individuo en comparación con otro, también identifican las diferencias entre regiones y grupos.
Aunque en los últimos años se registraron algunas mejoras en la distribución del ingreso, relacionadas sobre todo con las remesas y la diversificación de actividades en el medio rural, la situación sigue siendo crítica. La desigualdad es un fenómeno complejo y multifuncional, que se relaciona y se retroalimenta con la discriminación ética, de género y de lugar de residencia.
Los agobia la desigualdad basada en la discriminación cultural, lingüística, étnica, de género, de orientación sexual, de personas con capacidades diferentes y discriminación, con base en religión y en creencias. También los problemas de salud de las mujeres indígenas que se agudizan por la desnutrición y el trabajo físico excesivo e inclusive la violencia familiar, así como por su limitado o nulo acceso a los servicios médicos.
Si hay un grupo de población que carece de acceso a servicios educativos de calidad es el de los pueblos indígenas, ésta se ve afectada en mayor medida en sus derechos educativos. El acceso de la población indígena a la educación es limitado, por la convergencia de factores culturales, pautas de organización regional y procesos históricos que imprimen desigualdades y diferencias en la asistencia a la escuela de niñas y niños.
Tal es el reto que enfrentan las autoridades estatales y federales para transformar las actuales condiciones de marginación, pues las condiciones de precariedad de la población indígena se han mantenido superiores a los de la población no indígena a través del tiempo, ya que las políticas públicas no han conseguido disminuir las brechas históricas entre ambas poblaciones.
Regreso a clases
El próximo lunes se inicia el nuevo ciclo escolar 2024-2025 y se espera que quienes egresaron de la educación básica puedan ingresar a la secundaria, para avanzar en su preparación educativa y empezar a desterrar los niveles de deserción escolar que enfrentamos.
De acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, todos ellos tienen derecho a una educación de calidad como también garantizar la consecución de una instrucción de ese nivel, así como la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, las autoridades de todos los niveles de gobierno deben atender diversos objetivos para atender la tasa de abandono escolar.
Las razones por las que, niñas, niños y adolescentes ya no continuaron estudiando son diversas y se destaca: la inserción en actividades laborales, domésticas y de cuidado; el cierre definitivo de escuelas; las posibilidades de acceder a aparatos tecnológicos para comunicarse con docentes y tomar clases o incluso porque esta modalidad no es eficiente para el aprendizaje de calidad.
Entre las causas de no conclusión, se encuentra lo siguiente: 22.4% porque alguien de la vivienda se quedó sin trabajo o se redujeron sus ingresos, el 20.2% porque la escuela cerró definitivamente, el 17.7% carecía de computadora, otro dispositivo o de conexión a internet, el 15.4% considera que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje y el 14.6% mencionaron que el padre, madre o tutor no pudo estar al pendiente.
Por ello se necesita emprender acciones enfocadas para conocer el regreso a la escuela de todas las niñas, niños y adolescentes. Y por otro lado, el aprendizaje de calidad, atendiendo a las desigualdades en el acceso a medios para tomar clases a distancia. Nuestro deber es asegurar el aprendizaje, el acceso y la pertinencia. Por otro lado, que las y los docentes cuenten con todas las herramientas y recursos necesarios para la detención y canalización de casos de violencia, la salud mental y por supuesto, casos de deserción escolar.
