Avanzar hacia el acceso universal y gratuito al cuidado de la salud es un tema que trasciende las esferas políticas e ideológicas, una manifestación de la aspiración colectiva de los ciudadanos y las ciudadanas que buscan una garantía de igualdad en el acceso a servicios de salud de calidad. A no dudar, la salud como un derecho fundamental que debe estar al alcance de todos y todas, sin distinción de su posición económica o social.
Los servicios de salud son fundamentales para la sociedad y la economía, y la salud se ha reconocido como un derecho humano fundamental básico para proteger la salud y seguridad de la población. Sin embargo, nuestro país, y en especial Oaxaca, enfrenta múltiples desafíos en este ámbito y garantizar servicios de salud gratuitos es posiblemente el más importante, y también el más complejo.
De ahí la trascendencia de que el Gobierno de Oaxaca ha decidido que todos estos sean gratuitos, a ninguna persona se le debe cobrar la atención en los hospitales públicos y quienes no acaten la disposición serán sancionados. Sin duda, la decisión beneficia a todos los oaxaqueños de las diferentes regiones para garantizar la atención de salud en todas las comunidades, incluidas las más rezagadas y marginadas del estado.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos marca que el derecho de salud debe ser gratuita, la decisión busca hacer realidad tal atención donde la participación y colaboración de todos los involucrados será fundamental para alcanzar tales objetivos.
Son fundamentales para la sociedad y la economía, y la salud se ha reconocido como un derecho humano fundamental básico para proteger la salud y seguridad de la población. Es una obligación moral y social, indispensable para abordar la desigualdad social y económica, mejorar la salud pública y fomentar una sociedad robusta y productiva. Representa un pilar en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
Paro de labores
La suspensión de las actividades jurisdiccionales en todos los Juzgados y Tribunales del país en la defensa de la autonomía del Poder Judicial de la Federación, pretende impedir el avance de la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que propone, entre otros puntos, la elección de jueces y magistrados por voto popular.
Los empleados de los tribunales clausuraron simbólicamente sedes del Poder Judicial, pues advirtieron que la reforma vulneraría sus derechos y condiciones laborales y la carrera judicial se vería afectada, ya que abre la puerta para que los futuros juzgadores no cuenten con la preparación mínima que exige el correcto desempeño de su labor.
El paro en el Poder Judicial Federal pone en riesgo la impartición de justicia, porque se corre el riesgo de que se retrasen amparos, sentencias y trámites de audiencias y pueda ocasionar una crisis en la procuración e impartición de justicia. Los trabajadores han dejado de laborar y advierten que una carrera judicial no nada más es llegar y ser juez, se viene desde abajo preparando hasta llegar a tener el honor de ser juez, porque no cualquiera puede ser juez y hasta magistrado.
Se estima que más de un millón 300 mil asuntos jurídicos quedarán suspendidos de manera indefinida, debido al paro laboral que realizan trabajadores del Poder Judicial de la Federación, pues los casos paralizados, abarcan una amplia gama de materias, incluyendo civil, penal, mercantil y financiera, entre otras.
Es un paro indefinido que no sabemos hasta cuándo se vaya a resolver; lamentablemente, esto es un grave problema, ojalá y esto no se agrave porque sería una parálisis total en cuanto a la impartición de justicia. Hoy se considera importante que en México siga existiendo la carrera judicial, que, para el cargo de jueces y magistrados, magistradas y juezas, lleguen los más preparados, todo el foro, tanto internacional, como nacional, lo considera correcto.
