La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ha aprobado esta semana las modificaciones a los Artículos 4 y 5 de la Constitución, estableciendo una prohibición total sobre la producción, distribución, comercialización y enajenación de cigarrillos electrónicos y vapeadores.
Este dictamen recibió el respaldo en lo general de las bancadas de Morena, el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI), mientras que Movimiento Ciudadano (MC) votó en contra.
La reforma no solo se centra en los dispositivos de vapeo, sino que también extiende la prohibición a sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, incluyendo el uso ilícito de fentanilo. Según la modificación al Artículo 5, se prohíbe cualquier actividad relacionada con estos productos y dispositivos, abarcando la producción, distribución y enajenación de cigarrillos electrónicos y vapeadores.
Este avance legislativo ahora pasará a la Mesa Directiva para su revisión final. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha señalado que estos dispositivos contienen compuestos cancerígenos y sustancias tóxicas, así como emisiones en forma de aerosol que pueden causar enfermedades respiratorias graves y potencialmente fatales, afectando especialmente a adolescentes y adultos jóvenes.
EFECTOS DE LOS VAPEADORES Y CIGARRILLOS ELETRÓNICOS
- Los usuarios de vapeadores han reportado síntomas preocupantes, que incluyen:
- Dificultad para respirar que puede empeorar con el tiempo
- Tos seca persistente
- Dolor en el tórax al respirar o toser
- Fatiga, debilidad muscular y fiebre
¿SON EFECTIVOS PARA DEJAR EL TABACO?
Los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentado han sido promocionados como una alternativa para dejar de fumar. Sin embargo, no se ha comprobado su eficacia en este sentido. Por el contrario, los compuestos carcinógenos y sustancias tóxicas presentes en estos dispositivos representan un grave riesgo para la salud de quienes los utilizan.
La prohibición establecida por la Comisión de Puntos Constitucionales busca mitigar estos riesgos y proteger la salud pública al evitar el consumo de estos productos dañinos.
