Ante los alarmantes casos de dengue que se han registrado en Oaxaca, es imprescindible promover un cambio en el enfoque de los programas y nuevas recomendaciones sobre las formas y los métodos que se deben aplicar para combatir el dengue. Fortalecer los programas y acciones con vistas a reducir la morbilidad, la mortalidad y la carga social y económica generada por los brotes y las epidemias.
Para alcanzar sus objetivos, esta estrategia debe incidir en modificar la conducta de las personas y de la comunidad de manera que disminuyan los factores de riesgo de transmisión con medidas coordinadas tanto dentro como fuera del sector salud.
Además, elaborar y ejecutar planes regionales integrados que permitan trazar una estrategia sostenible, diseñada por las autoridades y los especialistas, basado en una nueva práctica, que permita evaluar y dar continuidad a las acciones con recursos nacionales. Las campañas de erradicación del Aedes Aegypti fueron muy exitosas en la década de 1950 y 1960 y para el año 1972 se había logrado erradicar el vector en 21 países de América.
Sin embargo, en los últimos años, la incidencia de dengue en la región ha tenido una tendencia ascendente, con picos epidémicos cada vez mayores. Esto puede deberse a la acumulación de grandes grupos poblacionales susceptibles a la infección, a la circulación de diferentes serotipos del virus, al aumento de la virulencia y la patogenicidad de las cepas circulantes y a la diseminación del vector a nuevas áreas de la región y del mundo.
La falta de un tratamiento específico y de una vacuna efectiva contra el dengue obliga a diseñar nuevas estrategias que rompan los esquemas verticales y paternalistas tradicionales y que impulsen cambios conductuales y el empoderamiento de los ciudadanos según las particularidades de cada estado en el país.
Siguen agresiones
Nuestro estado se encuentra entre los 10 primeros estados del país donde persiste la violencia contra la prensa. Por entidades federativas, los mayores índices de violencia se registraron en la Ciudad de México con 582 casos; Guerrero con 247; Puebla con 241; Quintana Roo 236; Veracruz 199; Yucatán 162 y Oaxaca con 157.
Según el informe sexenal denominado “Derechos Pendientes” de la organización Artículo 19 sobre la violencia contra la prensa, libertad de expresión, derecho a la verdad y acceso a la información en México, el estado se encuentra entre las 10 entidades federativas con mayores casos de agresiones contra periodistas y medios de comunicación.
Las tres categorías de agresiones más documentadas en 2023 fueron las intimidaciones y hostigamientos; el uso ilegítimo del poder público, principalmente a través de la estigmatización y el acoso judicial, así como las amenazas tanto en la esfera física como digital. Lo anterior obliga a exigir medidas urgentes de protección para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.
El informe destaca que durante el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador se han registrado un total de 3 mil 408 agresiones contra la prensa, equivalentes a una cada 14 horas, lo que representa un incremento del 62.13 por ciento en las agresiones en comparación con el sexenio previo.
Durante el periodo correspondiente del 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de marzo de 2024, contabilizó 46 personas periodistas asesinadas en el país y 4 más fueron desaparecidas.
Organizaciones de periodistas han expresado que las agresiones provienen desde las autoridades federales, estatales, municipales, hasta por parte de organizaciones sociales, el magisterio y particulares que tratan de impedir la labor periodística afectando los derechos fundamentales de la sociedad de estar informados.
