Siguen siendo pocos los municipios que acatan el principio de transparencia, pero en general la calidad de la información se deteriora, se estanca y no avanza lo suficiente. A pesar de los esfuerzos que se realizan para alcanzar la transparencia y la rendición de cuentas, aún falta mucho por hacer para que los ciudadanos conozcan en qué se aplican sus recursos y cuáles son las políticas públicas que se aplican.
Si bien se insiste que la transparencia y la rendición de cuentas son pilares imprescindibles de la gestión pública, toda vez que las decisiones que se tomen por parte del gobierno forzosamente deben estar al alcance de los ciudadanos de una manera accesible, clara y veraz, lo que coadyuva y favorece a la constante vigilancia de los recursos públicos y que éstos se ejerzan en estricto apego a la ley, sigue siendo una demanda constante.
Exigen que los municipios publiciten dietas, sueldos y bonos que reciben los empleados municipales, incluidos los regidores y el presidente municipal, de ahí que ante un escenario poco o nada halagador para rendir cuentas, se insista en el cabal cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En ella se establece que son sujetos obligados, todas aquellas entidades que reciben y ejercen recursos públicos o realicen actos de autoridad en los ámbitos estatal y federal, se incluyen sindicatos y organizaciones no gubernamentales. Es indudable que la mala calidad de la información presupuestaria a nivel municipal propicia la discrecionalidad en el uso del erario.
En la medida en la que un municipio sea transparente y rinda cuentas sobre el ejercicio del gasto público, entonces generará mayor confianza entre los ciudadanos, generando un incentivo para el pago de impuestos. La transparencia podemos entenderla como la publicidad en la actuación de los servidores públicos y es necesaria para el ejercicio de la rendición de cuentas.
Transparencia
Representantes de todos los sectores demandan una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de los partidos políticos, debido al oneroso presupuesto que cada que hay procesos electorales se les asigna. Si la preocupación es el origen ilícito del dinero que llega a las campañas, entonces hay que acudir a la fiscalización, generar mejores esquemas de transparencia y límites a las contribuciones.
Los partidos políticos deben rendir cuentas a la sociedad sobre sus recursos y actividades. Un contexto así permite que este atributo sea cumplido a cabalidad por las organizaciones a través de los cuales la ciudadanía accede al poder. En México, sin embargo, los partidos no solo se aferran a las fortunas que cada año reciben del erario, sino que además se resisten a publicar cómo ejercen ese dinero.
Las iniciativas que han buscado limitar el acceso de los partidos políticos al tesoro público no prosperaron hasta ahora.
En nuestro país los partidos políticos se han negado históricamente a transparentar en qué utilizan los recursos públicos. Del mismo modo, desde el Congreso federal los militantes de partidos políticos, que también son legisladores, aprueban año con año cantidades exorbitantes para ejercer desde los partidos en actividades que no benefician a la ciudadanía.
El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección se compone de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las otorgadas para la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico.
Ante la nueva realidad política electoral, es necesario revisar la asignación de esos millonarios recursos, pues son muy onerosas que bien podrían servir para atender necesidades de los ciudadanos.
