El secuestro del presidente municipal de La Reforma, Putla Villa de Guerrero, Cipriano Arturo Guzmán Bohórquez, resulta inadmisible en un estado de derecho y exige la cabal aplicación de la ley en contra de quienes sean los responsables de tal delito. No se puede tolerar mucho menos pretender justificar que se recurra a prácticas ilícitas para exigir atención a sus demandas, como sucede con las autoridades de las agencias de Estanzuela Grande y Río Tigre que demandan participaciones municipales.
Debido a que cada vez se presentan más manifestaciones violentas que alteran la paz social y el orden público, es urgente sancionar con apego a la ley a quienes azuzan y avivan la inestabilidad. Es inadmisible que grupos y organizaciones pretendan hacerse justicia por propia mano y vulneren los derechos de terceros, de ahí que exista el firme respaldo de la sociedad para que se aplique la ley sin ninguna distinción.
Ante esta situación que ha sido recurrente, es necesario fortalecer el estado de derecho y generar condiciones de gobernabilidad y legalidad, pues resulta fundamental que haya unión en lo esencial, comenzando por el compromiso con las vías legales e institucionales en el devenir político, económico y social, así como en la solución de cualquier conflicto. Por ello se debe insistir en garantizar la aplicación de la fuerza del Estado con apego a la ley, con respeto irrestricto a los derechos humanos porque no son momentos fáciles y hay una fuerte crisis de credibilidad en las instituciones.
Hoy debemos insistir que un estado de derecho surge cuando las acciones de los ciudadanos y del Estado se basan en las reglas y las leyes preestablecidas. Es entonces cuando el poder que posee el Estado queda bajo las normas jurídicas establecidas que debe cumplir para tener organización de la sociedad. Utilizando el poder de la Constitución y mediante los distintos órganos de gobierno.
Pobreza laboral
En el trimestre del año la población en pobreza laboral pudo cubrir solo el 42.3% de la canasta alimentaria con su ingreso laboral y aunque la diferencia urbano-rural en la brecha ha disminuido desde el 2020, ello se debe a que la población urbana ahora puede comprar una menor parte de la canasta alimentaria. En Oaxaca, así como en Baja California y Guerrero, las personas en pobreza laboral pueden adquirir menos de un tercio de la canasta alimentaria.
Esto quiere decir que a la mayoría de la población que se encuentra en situación de pobreza laboral no le alcanza para comprar la mitad de la canasta básica alimentaria, pues con sus ingresos solamente pueden cubrir poco más de 40 por ciento de esta. La población en pobreza laboral es el universo de personas que con el total de sus ingresos no pueden comprar la canasta básica en el país.
En el último año, del primer trimestre de 2023 al primer trimestre de 2024, se ha ampliado la brecha en la proporción de canastas que se pueden adquirir con el ingreso laboral entre las personas en condición de pobreza laboral respecto de las que no se encuentran ya que hay un deterioro de esta proporción para la población en pobreza laboral, mientras que ha mejorado para la población que no está en pobreza laboral.
En su combate dos factores en el corto plazo se plantean como los principales retos para la reducción de los niveles de pobreza: la inflación y el empleo informal. En el caso de la inflación, se encuentra en un escenario preocupante ya que un incremento de precios podría significar pasar de una situación de vulnerabilidad a una de carencia. En el empleo la mitad de la población ocupada, es decir el 55.7% labora en la informalidad, condición que desencadena menores ingresos salariales y falta de acceso a la seguridad social, que a su vez generan condiciones de precariedad que posicionan a sus trabajadores en una situación de vulnerabilidad.
