Uno de los problemas más grandes del sector educativo que se acentúa en nuestra entidad, son las brechas sociales y regionales. El acceso y ejercicio del derecho a la educación es menor para los grupos vulnerables, especialmente las regiones rurales que en Oaxaca son mayoría. Las acciones emprendidas hasta ahora han sido insuficientes para concretar el derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes en la entidad, con el riesgo de que en este año lectivo tampoco reciban la preparación a la que tienen derecho.
Desde hace muchos años se ha documentado que enfrentamos serios retos, desde el promedio de escolaridad que es de 6.9 años; 8 de cada 10 jóvenes de 15 años no cuentan con los conocimientos y habilidades básicas al concluir la educación básica. Las cifras son escalofriantes, pues sólo 2 de cada mil alumnos tienen resultados destacados y seis de cada 10 jóvenes no alcanzan el mínimo aceptable al terminar el bachillerato.
A medida que pasa el tiempo los oaxaqueños esperan que el magisterio asuma su apostolado para revertir esta situación, que los conflictos políticos, laborales y sindicales no afecten la buena marcha del calendario escolar. Confían que se logre propiciar la reflexión sobre un problema nacional que ha sido relegado y sólo aparentemente atendido.
Se trata de hacer efectivo el derecho a la educación para todos los mexicanos sin distinción ni exclusión de ninguna especie, pero en especial en estados que como Oaxaca arrastran serias carencias y limitaciones. Se busca posicionar el tema en la agenda de las políticas educativas con la intención de que se convierta en programas concretos y líneas de acción efectivas, donde no se pierdan días y semanas de clases en franco detrimento de la preparación académica de nuestros estudiantes.
Es indudable que a medida que pasa el tiempo, aumenta el interés de los ciudadanos para que la calidad de la educación mejore, considerando la evaluación de las instituciones, la capacitación de los profesores, la mejora de los planes de estudio, así como la percepción en cuanto a las acciones que se deben realizar para garantizar la educación de las nuevas generaciones.
Dinero a partidos
Terminaron las elecciones y aumentan las voces de representantes de todos los sectores sociales y productivos en el país que demandan una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de los partidos políticos, debido al oneroso presupuesto que cada que hay procesos electorales se les asigna. Si la preocupación es el origen ilícito del dinero que llega a las campañas, entonces hay que acudir a la fiscalización, generar mejores esquemas de transparencia y límites a las contribuciones.
Ante las crecientes necesidades económicas y sociales de los mexicanos y en especial de los oaxaqueños, hoy se destina mucho dinero a los partidos políticos que no acaban de convencer al electorado. Por ello, se ha planteado que los partidos acudan al financiamiento a través de contribuciones de sus simpatizantes. Esto generaría incentivos para que realizaran un mejor papel en el cargo una vez que sean electos, además de que muchos partidos dejarían de existir sin financiamiento público, tal y como ha sucedido con muchos de ellos que participan en una elección y después desaparecen, pero con un fuerte gasto que corrió por parte de la ciudadanía.
El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección se compone de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las otorgadas para la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. Ante la nueva realidad política electoral, es necesario revisar la asignación de esos millonarios recursos, pues son muy onerosas que bien podrían servir para atender necesidades de los ciudadanos.
La legislación electoral estipula que será causa de pérdida de registro de un partido político no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior por lo menos 3 por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o presidente de la República. Oportunidad para endurecer los requisitos para autorizar la irrupción de nuevos partidos políticos y no sean una sangría para las finanzas del Estado ni agencia de colocaciones de familiares y amigos.
