El gran reto de la Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca no solo es procesar penalmente a quienes han cometido actos al margen de la ley, también recuperar los bienes que son propiedad del Estado.
Con autonomía y con el compromiso de cumplir con sus atribuciones y funciones, la Fiscalía busca mayores resultados en cuanto a eficacia y prontitud, estableció el titular,.
Por ello se trabaja en la extinción de dominio, figura jurídica que consiste en la pérdida de derechos a favor del Estado de aquellos bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse, explicó.
El gran reto es judicializar investigaciones sólidas que soporten un juicio y ejercer constantemente acciones de extinción de dominio. Sin embargo, para lograrlo, es necesario dotarlas de las capacidades requeridas, profesionalizar a sus integrantes y abrir el monopolio de información financiera y fiscal que detenta la autoridad federal. Siendo necesario la voluntad política que permita esta la fortaleza institucional”.
Mencionó que durante los primeros cinco años que no se tuvo una autonomía real y al no contar con un presupuesto asignado en específico, solo se judicializaban seis investigaciones por año.
Sin embargo, a partir del 2023, año en que por primera vez se asignó presupuesto propio a la Fiscalía Anticorrupción, se judicializan más de dos investigaciones por mes.
Así, de diciembre del 2022 a mayo del 2024 -en tan solo año y medio-, se han logrado judicializar más de 30 investigaciones, se han obtenido más de 32 órdenes de aprehensión, y se han procesado a más de 46 exservidores públicos por delitos de corrupción: peculado, ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de funciones y atribuciones, delitos contra la administración de justicia.
Entre los casos más relevantes de la Fiscalía Anticorrupción, indicó que en 2017 se procesó a los exsecretarios de Finanzas y de Salud de la administración de Gabino Cué, por desvío de recursos por 100 millones de pesos.
En 2018 el proceso en contra de exsecretario de Transporte en esa misma administración, por tráfico de más de 500 concesiones de transporte. Mientras que en 2020, el proceso en contra del exrector de la UABJO por defraudación fiscal por más de 50 millones de pesos.
El fiscal anticorrupción estableció que dentro de los asuntos relevantes, que tienen que ver con los procesos actuales relacionados con exfuncionarios de Catastro, IEBO, Sinfra, Cecyte, Cobao, Protección Civil, Semovi, Coesfo, Beneficencia Pública, Congreso del Estado, Poder Judicial, notarios públicos y municipios, se ha logrado ejercitar acción penal en 21 investigaciones.
Asimismo, se han obtenido 39 órdenes de aprehensión, se han procesado a 24 exservidores públicos y actualmente 10 exservidores públicos están en prisión preventiva y tres exservidores más están en arraigo domiciliario, además de que se ha asegurado un inmueble.
Iruegas Álvarez recordó que derivado de la reforma constitucional del 2015 en donde a nivel nacional se dispone un sistema nacional anticorrupción, estableció para el combate a la corrupción en el ámbito penal la necesidad de una Fiscalía Especializada.
El 9 de junio del 2017, el Congreso del Estado nombró por primera vez al Fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca para investigar y perseguir los delitos por hechos de corrupción, así como los delitos cometidos por Servidores Públicos del Estado de Oaxaca conforme al Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.
A pesar de la inminente necesidad de contar con un andamiaje jurídico adecuado y dotar a la Fiscalía Anticorrupción de la independencia y autonomía dispuesta en instrumentos internacionales, no fue sino hasta el año 2018, que se inició la ruta legal y administrativa para dar cumplimiento a ello.
El 22 de septiembre del año 2018 se publicó en el Periódico Oficial el Decreto Número 1544 mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, dotando a la Fiscalía Anticorrupción, de autonomía administrativa, técnica, de gestión y decisión.
Sin embargo, no fue sino hasta el 2023, es decir, seis años después del nombramiento del Fiscal Especializado, que por primera vez se le asignó un presupuesto exclusivo a la Fiscalía Anticorrupción dentro del Decreto de Egresos.
Se consideró a ésta como Unidad Responsable y permite no solo ejercer directamente su prepuesto sino incrementar ministerios públicos, peritos y policías. A partir de ello se ha logrado incrementar substancialmente el número de investigaciones judicializadas, las órdenes de aprehensión y las vinculaciones a proceso.
