Es indudable que la violencia contra las mujeres no es un problema de índole personal o privado sino social, y que constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedir el adelanto pleno de la mujer.
En Oaxaca se ha reconocido que un alto porcentaje de las mujeres que reportaron violencia física, se trató de agresiones moderadas; de violencia física grave y muy grave. El conjunto de mujeres que enfrentaron violencia muy grave o extrema y cuya vida estuvo en riesgo, se estima que ascienden a poco más de 39 mil mujeres de la entidad.
Erradicar la violencia entre las mujeres no debe recaer sólo en las autoridades, se requiere también de una mayor participación de la sociedad civil, ya que los datos que dan cuenta de la violencia ejercida por el actual o último esposo o pareja, indican que las agresiones más ampliamente experimentadas por las mujeres son las de carácter emocional, ha sido sometida -al menos una vez a lo largo de su relación- a insultos, amenazas, humillaciones, intimidación y otras ofensas de tipo psicológico o emocional.
La violencia contra las mujeres más extendida es aquella que ocurre en el ámbito de las relaciones más cercanas, como la de pareja, por ende el principal agresor es o ha sido el esposo, la pareja o el novio.
Ocurre con mayor frecuencia entre las mujeres que están o han estado casadas o unidas y se estima que por cada 100 mujeres casadas, unidas, separadas, divorciadas o viudas, 47 ha vivido situaciones de violencia emocional, económica, física o sexual durante su actual o última relación marital o de cohabitación.
Pese a la aprobación de leyes severas para frenar las agresiones a mujeres, éstas no disminuyen en América Latina, la región más violenta del mundo contra las mujeres, sin estar en un contexto de guerra. En el caso de México, se presentan niveles de crisis severa respecto al feminicidio.
Pobreza alimentaria
Uno de los mayores problemas relacionados con el cambio climático es la seguridad alimentaria. Las personas más pobres muchas de las cuales son agricultores y pescadores, están siendo los más afectados por las altas temperaturas y el aumento de la frecuencia de desastres relacionados con el clima.
Pero la inseguridad alimentaria no solo contempla a las personas en situación de hambre. Vivir con incertidumbre respecto de su capacidad para alimentarse o tener que comprometer la calidad o cantidad de su comida también significa este rubro y para cubrir una demanda tan grande, los sistemas agrícolas y alimentarios tendrán que adaptarse a los efectos adversos del cambio climático y hacerse más resilientes, productivos y sostenibles. Es la única manera de que podamos garantizar el bienestar de los ecosistemas y de la población rural y reducir las emisiones.
Cultivar alimentos de manera sostenible significa adoptar prácticas que producen más con menos en la misma superficie de la tierra y usar los recursos naturales de forma juiciosa. Significa también reducir la pérdida de alimentos antes de la fase del producto final o venta al por menor a través de una serie de iniciativas, que incluyen una mejor recolección, almacenamiento, embalaje, transporte, infraestructuras y mecanismos de mercado, así como marcos institucionales y legales.
Miles de oaxaqueños padecen desnutrición y hambre, cifra que puede aumentar debido al alza en el precio de diversos productos de la canasta básica, y los aumentos en los costos de los insumos principales, así como por la presencia de impuestos.
Organizaciones de la sociedad civil enfrentan el compromiso de captar más recursos de los donadores para solventar la crisis y apoyar a las familias que se encuentren en riesgo de desnutrición por pobreza, situación que también afecta el bolsillo y la capacidad que tienen los ciudadanos de donar para quienes menos tienen.
