• Siguen Agravios
• Acabar Impunidad
Mientras algunas corrientes al interior de la Sección 22 de la CNTE exigen a la dirigente Yenny Pérez Martínez asumir una actitud más radical y pendenciera con el gobierno estatal y administración federal, el gobernador Salomón Jara Cruz confirmó que actualmente hay 95 por ciento de respuestas a su pliego de demandas, pero que siguen pendientes la ley del ISSSTE y la abrogación de la reforma educativa.
Ante la exigencia de que sea el propio presidente Andrés Manuel López quien encabece una mesa de negación, el mandatario oaxaqueño estableció que en 15 días se tiene contemplado que reciba a la dirigencia de los sindicalistas. “El Presidente tiene todo el interés de atender las demandas magisteriales, y la intención es darle respuesta al 100 por ciento de sus peticiones”, apuntó.
Debido a que se han mantenido estos puentes y se ha logrado mantener la interlocución, no se entiende por qué los trabajadores de la educación insisten en recurrir a la presión, suspender clases que afectan a miles de niños y adolescentes, bloquear calles y carreteras y tomar dependencias.
Las dos demandas son de carácter federal y a decir de la propia Sección 22 han sido retrasadas por la actual el gobierno de la República derivado del incumplimiento en las mesas de trabajo, muchas de ellas con representantes del ISSSTE y de la Secretaría de Gobernación, pero que al final se han cancelado.
Por el bien de la educación en el estado y la convivencia armónica es necesario superar el encono y la confrontación a través del diálogo y la conciliación. Al margen de hacer valer la ley y frenar la afectación a la economía y las actividades diarias de la población, urge encontrar nuevas formas de actuar pues Oaxaca debe superar más de cuatro décadas de agobios sociales.
… A VUELO DE PÁJARO
El magisterio oaxaqueño ha logrado en lo que va el sexenio el pago de 53 millones de pesos en incidencias a 2 mil 258 expedientes; la contratación de cerca de 900 normalistas en un periodo de seis meses y garantizar la contratación inmediata de los normalistas que regresarán en junio, basándose en las necesidades detectadas. Emilio Montero, titular del IEEPO, aseguró se ha cubierto al 100% de los jubilados y se ha saldado un adeudo de más de 40 millones de pesos heredado de administraciones anteriores, además de regular pagos a becarios.
Agravios
Contagiados por la impunidad de que han gozado durante mucho tiempo, los integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR), realizaron movilizaciones para demandar atención a sus demandas y desquiciaron las actividades de los oaxaqueños. Tomaron las oficinas de la Secretaría de Bienestar y realizaron bloqueos en la ciudad y regiones del estado, entre ellas, la carretera Oaxaca- Cuacnopalan a la altura del entronque a Nochixtlán, donde varios vehículos estuvieron varados y en otras como la carretera Transístmica, la carretera 190 Panamericana tramo Jalapa del Marqués – Tehuantepec, y otros más.
Lo que viene
En serios predicamentos Francisco Ángel Villarreal, candidato del PRI al Senado por la vía plurinominal, tras la afirmación del gobernador Jara Cruz de apropiarse del inmueble que ha sido sede de la CNOP y que está valuado en más de 40 millones de pesos. Confirmó que su administración se encargará de recuperar todo lo que sea propiedad de los oaxaqueños. Y sentenció: “Qué travesuras de Paco Villarreal… espero que entregue todo lo que tiene”. Sin duda, el caso debe revisarse a fondo para deslindar responsabilidades y aplicar la ley.
Modus operandi
Al inicio de la actual administración se dio información detallada sobre la manera en la que operaba el Cartel del Despojo en Oaxaca, por lo que a través de la Dirección General de Notarías se dio vista de manera oficiosa a la Fiscalía Anticorrupción por alteraciones encontradas en algunos libros notariales, lo que permitió a este grupo hacerse de bienes inmuebles de manera ilegal. Encontraron una constante en los libros de notarios públicos fallecidos, sobre todo en las últimas hojas, donde algunos exfuncionarios y servidores públicos de alto nivel en la pasada administración aparecen como beneficiarios. Se identificó la participación de políticos, integrantes de sindicatos y de la delincuencia organizada; así como funcionarios del Registro Civil, Notarios Públicos, Instituto Catastral y Registro Público de la Propiedad.
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