Tras el grave ataque de tres perros a un niño de 9 años en la comunidad de Arroyo Cruz, en San Pedro Pochutla, el ayuntamiento ha anunciado un programa de captura de canes considerados peligrosos o agresivos. Este programa tiene como objetivo prevenir futuras agresiones y garantizar la seguridad de la población.
EL PROGRAMA
José Castro, consejero jurídico del ayuntamiento de la región Costa, explicó para entrevista a un medio de alcance nacional que el programa incluirá a todos los perros que representen un riesgo para la comunidad, sin importar su raza o si tienen dueño. Se basará en denuncias de vecinos, las cuales serán corroboradas por las autoridades municipales. Si se confirma el peligro, los perros serán sacrificados de manera humanitaria.
“Cuando se detecte a algún vecino que tiene perros peligrosos, que ya hayan puesto en riesgo a alguna persona, vamos a ir a capturarlo y, con el apoyo de la asociación Dogs of Puerto Ángel, se les aplicará la eutanasia de forma humanitaria”, señaló Castro al medio nacional.
OTRAS ACCIONES
Las autoridades municipales aseguran que esta medida es novedosa y no tiene precedentes en el paí. A pesar de que la problemática de los perros agresivos está presente en todo el territorio nacional. También destacaron que el programa abordará el problema de los perros callejeros que atacan a ciclistas y motociclistas.
Para garantizar el éxito del programa, el ayuntamiento lanzará una campaña de sensibilización para que los ciudadanos denuncien solo a los perros que representen un peligro real. Además, se aplicará el reglamento municipal de mascotas y perros callejeros. El cual establece sanciones para los dueños irresponsables.
CASO DE MENOR ATACADO
Respecto al caso del niño atacado por los tres perros, cuyos dueños era un extranjero y ya sacrificaron a los animales, Castro informó que se ha llegado a un acuerdo reparatorio entre las partes. El cual fue firmado en el ayuntamiento. Aseguró que se está brindando acompañamiento a la familia del menor.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ha abierto una carpeta de investigación por el caso. Sin embargo, según referentes aún no ha recibido el testimonio de la familia de la víctima. Además, recordó que cualquier acuerdo reparatorio debe ser avalado por las autoridades legales para tener validez legal.
