Oaxaca se mantiene entre los estados del país con alta incidencia en el delito de trata de personas, no solo porque es origen, tránsito y destino para los delincuentes, sino por la falta de acciones eficientes que puedan frenar este problema social. Diversas organizaciones no gubernamentales y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), han admitido que en Oaxaca la trata de personas es un problema sobre todo en las comunidades marginadas.
De acuerdo con diversos diagnósticos e informes, tanto nacionales como internacionales, México es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas. Los grupos considerados más vulnerables a la trata de personas en el país incluyen a las mujeres, niñas y niños, personas en contextos de movilidad humana, personas originarias de poblaciones indígenas.
En general, personas que han tenido un inequitativo acceso a las oportunidades o que viven diversos tipos de violencia que les sitúan en condiciones de vulnerabilidad que son aprovechadas por distintos tipos de tratantes, tanto por quienes forman parte de grupos de la delincuencia organizada, como por quienes operan sin una red criminal.
Este delito ha registrado 24.9 millones víctimas, quienes han sido atrapadas para realizar trabajos forzosos, de los cuales 16 millones son explotadas en el sector privado, en el trabajo doméstico, la industria de la construcción o la agricultura. 4.8 millones de personas son víctimas de la explotación sexual forzosa; y 4 millones de personas se encuentran en situación de trabajo forzoso impuesto por el Estado, según datos de La Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Si bien cualquier persona puede ser víctima de trata, las estadísticas señalan que siguen siendo potencialmente más propensas a serlo aquellas que no han tenido acceso a las oportunidades en contextos de igualdad. Las víctimas de trata de personas con frecuencia son víctimas de una discriminación múltiple, por ejemplo, por ser mujeres-niñas-indígenas o niños-migrantes no acompañados o adolescentes hombres-en contextos de violencia-en situación de pobreza, entre otros.
Mejor futuro
Ante un creciente deterioro social que se complica sensiblemente por la inseguridad y delincuencia, es fundamental la inversión en la infancia, ya que puede prevenir problemas como delincuencia juvenil, embarazos en adolescentes y violencia. En el país uno de cada tres mexicanos es niño o adolescente, y dentro de ese sector poblacional los que sufren mayor pobreza radican en esas entidades.
Niños y adolescentes en el país enfrentan carencias de seguridad social y acceso a la alimentación, pero se acentúan en estados como Oaxaca, donde los menores de una familia con padres jóvenes, bajo nivel educativo, con jefatura de familia femenina o si es de un hogar rural o indígena, tienen más probabilidad de enfrentar ésta y otras condiciones.
En el contexto de austeridad, se debe asegurar que en el gasto social esté presente el interés superior de la niñez, lo que se logra ampliando servicios y que los niños ejerzan sus derechos sociales, así como el que las familias eleven sus ingresos. De otra forma no habrá reducción en la pobreza, ya que este problema puede provocar mortalidad infantil por enfermedades prevenibles, los primeros cinco años de vida son claves en crecimiento físico e intelectual, lo que se haga o se deje de hacer tendrá impacto para siempre.
Tal situación debe obligar a ampliar la escala de dichas intervenciones donde se requiere recursos moderados, como bien puede ser, destinar a la vacunación una suma adicional relativamente pequeña podría salvar hasta 1 millón de vidas infantiles, e invertir en cada niño permitiría que complete su educación básica a la edad de 13 años.
Esta combinación de costos financieros relativamente bajos y altos rendimientos –en términos de vidas humanas y productividad económica– constituye un argumento sólido para prestar particular atención a la niñez en las políticas económicas y los presupuestos fiscales, tanto en las épocas difíciles como en las épocas de crecimiento económico.
