Para la doctora, Ana Luz Ramos Soto, experta en economía, la iniciativa de reforma laboral planteada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, representa una política social propositiva, pero poco viable ante la situación financiera que atraviesa el país.
Manifestó que estas medidas ayudan a quienes se encuentran en el poder a mantenerse, pero que no son medidas igualitarias sino más bien equitativas; “son medidas políticas más que electoreras, pero que ayudan a mantenerse”.
La también académica de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), expuso que, en este planteamiento, el gobierno federal deberá explicar de dónde saldrán los recursos para poder asumir parte de las pensiones para que los jubilados puedan recibir como pago su último sueldo, al término de su vida laboral.
“No sabemos de dónde va a salir; los 32 estados del país cuentan con una economía dependiente, es decir, que los recursos salen de los ramos 28 y 33, no generamos una economía capaz, incluso tenemos que importar productos del campo. El sector primario bajó entre un 3 y 7 %”, dijo.
Ramos Soto, reafirmó lo que sus homólogos expertos en temas financieros exponen, que México cuenta con una gran tasa de informalidad y una economía de “desperdicio”; es decir que lo que se consume, como la ropa, es usada.
“Son políticas buenas, pero la economía del país no tiene la capacidad de solventarlas”, reiteró la también ganadora del primer lugar en el concurso de ponencias en la categoría de educación durante el Primer Congreso Global del Institute for Bussines and Finance Research celebrado en la ciudad de las Vegas, hace una década.
Advirtió que con políticas como éstas, únicamente generarían un endeudamiento de la economía del país, al ejemplificar acciones como la homogeneización del salario mínimo en las tres áreas geográficas del país.
“La medida no benefició porque aumentó la inflación; el precio de una canasta básica en comparación con años anteriores incrementó en un 120% en su precio”, aseguró la experta en economía quien reiteró que en Latinoamérica existe una tendencia a la política social capitalista “para que en un momento determinado gane la persona o grupo en el poder”.
Tampoco se logrará una igualdad sino equidad como sucede con programas a adultos mayores, en donde a pesar de que se apoya a un sector vulnerable, también se les ofrece estos recursos económicos a quienes tienen pensiones en distintos organismos de gobierno.
“Esas políticas representan también un conflicto para las autoridades que vienen ya qué no se sabe de dónde saldrán los recursos para que estos apoyos puedan ser pagados”, expuso.
En tanto, propuso conocer la propuesta a fondo para conocer la situación de las afores, o cómo quedaría toda vez que en caso de ser eliminadas, se vaticina graves descontentos por parte de quienes han trabajado durante toda su vida y han aportado a este sistema.
