Es urgente y necesario implementar políticas públicas efectivas y eficientes bajo un enfoque de derechos humanos que permitan a México afrontar la discriminación por envejecimiento. La discriminación por envejecimiento y en ocasiones el abandono y maltrato de las personas mayores es una actitud frecuente y perjudicial que se basa en la falsa creencia de que es una norma social y, por tanto, aceptable.
El Estado mexicano como autoridad garante de los mismos, debe generar mecanismos que garanticen que planes, programas, políticas públicas y cualquier trabajo que se realice para el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas adultas mayores, atiendan a los principios rectores.
En la actualidad, en México poco más de 13 millones de personas tienen más de 60 años y de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo) para el 2050 esta cifra aumentará a 32.4 millones, lo cual obliga a la comunidad internacional a preguntarse: ¿cómo asegurar la calidad de vida para esa población creciente? Esto sólo se logrará estudiando, analizando y caracterizando al sector poblacional de las personas mayores y su evolución en el transcurso del tiempo, así como los mecanismos por los que se modifica su dimensión, estructura y distribución geográfica en las distintas partes de nuestro país.
Esta marginación es una realidad en la mayor parte de las sociedades, de una forma u otra, y se materializa en las actitudes de los individuos, las prácticas institucionales y normativas, y la representación mediática. Todas ellas devalúan y excluyen a las personas mayores.
Por ello, es fundamental generar espacios de discusión en el que a partir de herramientas metodológicas y datos duros generados en la academia, los diferentes actores civiles, sociales o públicos que desde diversos ámbitos nos relacionamos con personas mayores, sepamos cual es la realidad de este sector, para con ello tratar de generar mejores mecanismos de atención.
Transporte público
Un estudio elaborado hace algunos años advirtió que las rutas del transporte urbano en la ciudad de Oaxaca están saturadas, en algunas de ellas la oferta supera hasta en 68 por ciento la demanda de pasajeros, sin que hasta ahora se hayan definido lineamientos que permitan incrementar la calidad y eficiencia del sistema de movilidad urbana.
Para mejorar el sistema del transporte público se han planteado diversas alternativas de solución, desde mantener las rutas actuales pero racionalizar la oferta, es decir, el número de autobuses y número de kilómetros que recorren de acuerdo a la demanda.
La reorganización de las rutas, un sistema integrado tronco-alimentado con carriles exclusivos, estaciones de integración y estaciones intermedias; y finalmente, un sistema combinado – troncales, alimentadores, directos (sin trasbordo), con carriles exclusivos, estaciones de integración, estaciones intermedias donde se requiera.
Una promesa incumplida ha sido revisar el parque vehicular del transporte público que circula en la capital del estado, pues de acuerdo con cifras exhibidas en su momento, 25 por ciento se encuentra en mal estado y muchas otras más ya no deben brindar el servicio por encontrarse en pésimo estado físico. Al paso del tiempo, los oaxaqueños se han resignado a tener un servicio pésimo, sin que ninguna autoridad acuda en su auxilio.
En el caso de los operadores y choferes, jamás se sujetan a un esquema de reglas del transporte, tampoco portan uniformes y mucho menos se someten a exámenes toxicológicos para evitar que sean consumidores de alguna droga, ya sea mariguana, cocaína o alcohol. Situación delicada porque son ellos los responsables de conducir las unidades donde hombres, mujeres y niños buscan transportarse con seguridad.
Al igual que muchos otros proyectos, se han invertido cantidades industriales de dinero sin que exista algo concreto, lo que sí es una realidad son nuestras calles saturadas y congestionadas por los camiones. Los oaxaqueños seguimos padeciendo un pésimo servicio de transporte que desde hace décadas no se transforma.
