Es la madrugada de 3 de septiembre de 2011. Un fuerte estruendo se escuchó producto, dicen los lugareños, del desprendimiento de una gran roca de la Peña Colorada; había llovido de manera incesante por días enteros y la caída de agua no cesó. Las afectaciones aparecieron en Santiago Mitlatongo, agencia de Asunción Nochixtlán y el vecino, Santa Cruz Mitlatongo, de Santa María Jaltepec los días, semanas, meses siguientes.
Surgieron grietas por ambas comunidades, casas fracturadas, inclinadas, hundidas, techos inclinados, muros derrumbados, pero en una hondonada, en Santiago Mitlatongo, una gran laguna que, literalmente, comenzó a tragarse al pueblo. Las construcciones de casas californianas de migrantes mixtecos en Estado Unidos se inclinaban y desaparecían bajo las aguas.
El palacio municipal, como hoja de papel, se colapsó, desapareció la calle principal. El fenómeno geológico puso en pausa una añeja disputa, agraria de poco más de mil hectáreas que para ese 2011 ya rondaba los 39 años y había costado y acumulado muertos entre ambas comunidades.
Todas esas muertes, como las del pasado sábado, eran evitables. Todas envueltas en el odio, la violencia irracional, el desamparo de las comunidades, la negligencia oficial, el burocratismo, la ignorancia bajo el manto del “dejar hacer, dejar pasar” para “administrar” los problemas y no presentarles cara para solucionarlos.
Los gobiernos siguientes perdieron tiempo precioso: Gabino Cué, Alejandro Murat, Salomón Jara ignoraron los avisos y “olvidaron” negociar, buscar una solución. Es cierto, las disputas agrarias caen estrictamente en el ámbito laboral, pero la seguridad, la pacificación es asunto de estado, del Ejecutivo de Oaxaca.
En los años siguientes hubo escarceos, disputas y también ataques, violencia y muerte, pero se fue otra vez, “administrando”. Hasta el pasado sábado con el asesinato de 9 personas, dos de ellos agentes ministeriales. Esta vez Santiago Mitlatongo puso los muertos.
La resolución de las autoridades agrarias sobre la propiedad de las mil 90 hectáreas en cuestión, está a favor de Santa Cruz Mitlatongo. La falla geológica, esa que convirtió a la tierra en una esponja que absorbió agua y luego se fue desecando y escurriendo hacia una laguna, obligó a la reubicación de ambos pueblos; los antiguos asentamientos eran cada día más inestables.
En septiembre 24 de septiembre de 2020, las autoridades de Santa Cruz Mitlatongo denunciaron la retención o privación ilegal de la libertad de cuatro personas en la comunidad de Santiago Mitlatongo.
A ambos pueblos, dicen quienes conocen, los divide una calle. No hay tal, pero si apenas algunos metros. Son vecinos, comparten, literalmente patios, desgracias… y odios.
El conflicto se reavivó, ha ido escalando. En junio de 2020 un habitante de Santiago Mitlatongo, denunció que dos integrantes de su familia fueron heridas con armas de fuego, por parte de comuneros de Santa Cruz Mitlatongo.
Es el 17 de agosto de 2021, una persona resultó herida de bala y otra desaparecida durante un ataque contra comuneros de Santa Cruz Mitlatongo, denunciaron. Ahora, el 22 de noviembre de 2021, presumiblemente Santiago Mitlatongo ataca a sus vecinos de la ranchería de Pueblo Viejo, perteneciente a Santa Cruz.
Dos varones muertos y una mujer herida de gravedad, fue el saldo de una emboscada en la agencia municipal Santiago Mitlatongo, en diciembre de 2021.
Un muerto y seis lesionados, se reportó en un enfrentamiento entre ambas comunidades el 25 de junio de 2022. Apenas el 22 de octubre el prólogo de la masacre, dos calcinados en un vehículo.
Nadie quiso ver las advertencias, nadie tomó medidas preventivas a estos avisos. Todo mundo miró hacia otro lado.
Como “buenos políticos que no saben qué hacer”, ayer la incapacidad de un personaje como el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, avaló la creación de un “Grupo de Inteligencia y Coordinación”, del tipo de comisiones legislativas que se crean para ganar tiempo, no solucionar nada y motivar que los líos se pudran.
Participaran instancias estatales como la Sego, la Junta de Conciliación Agraria y la Secretaría de Seguridad Ciudadana; federales como la Secretaría de Gobierno (Segob), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Procuraduría Agraria (PA), y de impartición de justicia, como las fiscalías General del Estado de Oaxaca (FGEO) y General de la República (FGR).
Ambas comunidades habían solicitado seguridad, la presencia de la Guardia Nacional. Si el gobierno, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad no pudieron brindar seguridad en la zona a pesar de los “avisos” ¿Quién garantizará que más involucrados puedan ponerse de acuerdo para buscar una salida agraria o política al conflicto?
Apenas 72 hora antes le estalló en la cara a Jesús Romero la masacre en San Miguel el Grande, en la zona de Tlaxiaco. Echó mano de argumentos como presencia del narco, tráfico de madera, tala ilegal, entre otros, sin duda debe tener pruebas contundentes de ello. Muchos muertos en una semana.
Los conflictos por límites entre comunidades tienen características comunes, en primer lugar está la defensa del territorio por cada una de las partes sin importar los medios. El apego a la tierra resulta vital, no importa su calidad, sino el sentimiento de pertenencia, aunque a veces sea imposible demostrar la propiedad por alguna de las partes.
“Los conflictos suelen durar años, inclusive siglos y es erróneo medir todos con el mismo rasero. Es indispensable tomar en cuenta los aspectos históricos, culturales, políticos, sociales, usos y costumbres e inclusive aspectos religiosos”
“Regularmente en las instituciones correspondientes no se realizan las consideraciones ni los estudios y análisis pertinentes para su solución”.
“La explotación de los recursos naturales, pobreza, atraso social, seguridad pública deficiente y a veces nula procuración de justicia, lo que ha llevado a las comunidades a resolver sus problemas por la senda de la violencia que en las actuales circunstancias parece no tener fin”, señaló en una tesis Conflictos por comunales en el sur de México, Anselmo Arellanes, del Instituto Tecnológico de Oaxaca hace más de una década.
No entender ello es perpetuar los conflictos, así se creen dos, tres, cuatro o más instancias conciliatorias o el congreso se desviva en dictámenes, consideraciones o “recomendaciones”.
Al final, son las comunidades y los pobres quienes ponen los muertos.
