San Miguel El Gran está de luto. Como están de luto, de manera permanente, las comunidades oaxaqueñas que enfrentan problemas agrarios y que, por años, no han encontrado solución a éstos, porque las instancias gubernamentales, las pasadas, y las actuales no han querido o no han tenido la voluntad de resolverlos.
Cientos de campesinos han perdido la vida debido a estos conflictos, mientras que en la Fiscalía General del Estado se apilan miles de carpetas con órdenes de aprehensión, sin cumplir, porque los problemas en Oaxaca se resuelven con el olvido ominoso de los encargados de impartir justicia.
Dentro de estas matanzas, no sólo han perdido la vida los campesinos, sino también los policías preventivos y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, como ocurrió el pasado miércoles cuando en una emboscada perdieron la vida dos elementos ministeriales y dos más resultaron lesionados.
¿Quién no recuerda la masacre de policías y civiles ocurrido en el interinato de Jesús Martínez Álvarez, cuando fueron masacrados 17 policías por pobladores de San Baltazar Chichicápam por un conflicto de límites territoriales entre este último poblado con sus vecinos de San Nicolás Yaxe?
Quienes consumaron estos hechos sangrientos deben estar viejos y algunos tal vez han muerto por enfermedad, pero nadie pagó con cárcel por estos homicidios que en su momento atrajeron la atención de la opinión pública nacional e internacional.
En su momento, se dijo que el problema de límites fue un mero pretexto, lo cierto es que detrás de estos asesinatos estaban las manos siniestras del narcotráfico, que estaban enquistadas entre los pobladores de San Baltazar.
En Oaxaca, la lucha por la tenencia de la tierra parece absurda, pues como bien se sabe, los territorios que están en pleito regularmente son tierras áridas, inhóspitas, donde no nace ninguna semilla, solo la del odio y la venganza que cada día dejan más huérfanos y mujeres viudas.
Los gobiernos que ha tenido Oaxaca en los últimos sexenios, desde Manuel Zárate Aquino, quien por una matanza de campesinos agudizó la caída de su gobierno en la época de Luis Echeverría, hasta el gobierno actual de Salomón Jara, se han visito manchados por crímenes arteros como el ocurrido en San Miguel El Grande, Tlaxiaco, que demuestra que el problema agrario es una “papa caliente” para cualquier administración, porque el odio no respeta partidos ni ideologías.
El propio José Murat que se preciaba de tener muchas tablas en la política, no pudo poner un alto al conflicto agrario que lacera a los pueblos oaxaqueños pues durante su mandato fueron masacrados 26 campesinos en el paraje de Agua Fría, de Santiago Xochiltepec, Sola de Vega.
Como en los demás casos, los culpables de estos asesinatos no han recibido el castigo que se merecen.
Lo ocurrido en San Miguel El Grande, Tlaxiaco, es una muestra que ha faltado oficio político a los operadores de la Secretaría de Gobierno por no haber resuelto este conflicto, donde ahora se pretende aplicar toda la fuerza de la ley, cuando pudo haberse aplicado correctivos, en su momento.
Si en los primeros días de mayo del presente año ya habían sido asesinadas tres personas, y heridas tres más, y diez viviendas afectadas por incendios provocados en la comunidad de Villa Guadalupe Victoria, perteneciente a San Miguel El Grande, ¿por qué no se investigó y se procedió librándoles órdenes de aprehensión a los responsables? Esto, tomando en consideración que el presidente municipal de San Miguel El Grande, Arcángel Ortiz Cruz, denunció en su momento “que gente de la colonia Lázaro Cárdenas que resguardaba su territorio fue atacada por sorpresa con armas, por un grupo de personas de Llano de Guadalupe con quienes mantienen un conflicto agrario”.
Asimismo, responsabilizó al edil de Tlaxiaco, al representante de Bienes Comunales y al Gobierno del Estado por no mediar ante una disputa agraria que lleva años. Además de que denunció que no había presencia de la Guardia Nacional ni de la Policía Estatal. O sea, esta denuncia se la llevó el viento.
Además, en septiembre de este año, gente de Llano de Guadalupe secuestró a cuatro personas de San Miguel El Grande, inclusive a un profesor de educación primaria, lo que provocó las protestas airadas de la Sección 22 del Magisterio.
Las personas que fueron secuestradas identificaron perfectamente a sus captores y se los manifestaron a sus autoridades municipales, las cuales denunciaron el caso ante las autoridades judiciales.
Luego entonces, ¿todo esto no eran pruebas contundentes que en Llano de Guadalupe estaban los autores materiales e intelectuales de orquestar la violencia contra sus vecinos utilizando como parapeto el pleito por un pedazo de tierra?
Y es que los pobladores de San Miguel eran hostigados frecuentemente por sus vecinos, como en una ocasión en que les fueron a destruir su sistema de energía solar que generaba electricidad para alimentar de agua potable a los habitantes de esa comunidad mixteca.
La propia oaxaqueña galardonada, la actriz y cineasta mixteca, Ángeles Cruz, originaria de San Miguel El Grande, circuló un video el pasado 5 de septiembre de 2023 en el que pedía la intervención de las autoridades y sociedad civil ante los atropellos de Llano de Guadalupe.
Dijo que desde hace varios años ha habido un problema de linderos en la colonia Lázaro Cárdenas “pero ha escalado a un nivel de violencia tremendo, ya se estaba en negociaciones pero el día de hoy han atacado a autoridades de mi comunidad donde han resultado personas muertas y heridas”.
Ayer, Ángeles circuló otro video en donde, llena de impotencia, pedía castigo para los asesinos de su hermano José que iba en la camioneta que fue emboscada y, además, con esa impotencia y dolor reflejada en el rostro, exigía la renuncia del gobernador del estado. “Usted nos dijo que íbamos a estar seguros y hoy estoy enterrando a mi hermano; renuncie si no puede con el cargo, renuncie si no puede garantizar para nuestras vidas”, dijo.
Debemos comprender el dolor de una mujer que ha perdido a un hermano entrañable, como el dolor de los familiares de los hijos, esposa, padres de los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, que murieron en el cumplimiento de su deber.
Los oaxaqueños bien nacidos reprobamos que estos conflictos se resuelvan con derramamiento de sangre.
Las autoridades estatales y del fuero común están obligados a dar con los responsables de éstos y otros crímenes que tiñen y han teñido de sangre el agro oaxaqueño, pero también urge que estos conflictos sean atendidos a tiempo, haciendo a un lado la burocracia que corroen a las instituciones.
Sí hay priístas atizando el fuego de los conflictos agrarios –como lo dijo el secretario de Gobierno–, que también sean investigados y llevados ante la justicia.
Si tiene que rodar cabezas por este hecho sangriento ocurrido en San Miguel El Grande, que caigan porque la omisión no cabe en un gobierno que se precia de haber acabado con la corrupción en sus filas. Por lo pronto, la pregunta es reiterativa: ¿Habrá justicia para San Miguel El Grande?
