• Demandas
• Hay retroceso
El paquete económico del Ejercicio Fiscal 2024 cuyo gasto asciende a 99 mil 619 millones 332 mil 375 pesos, es social, austero, equilibrado y responsable, y será aprobado por los diputados de la LXV Legislatura local, quienes ya no cobrarán “moche para aprobar el presupuesto, ya no hay pago por evento”. A diferencia de lo que sucedió en la pasada administración, donde los representantes populares cobraban por la aprobación de cualquier iniciativa, tal práctica se ha desterrado, sostiene el gobernador Salomón Jara Cruz.
En ese juego de intereses, hoy se exhibe a los diputados priistas, de Morena y sus aliados del PT, PVEM y PUP, que eran la mayoría en el Congreso y que aprobaron todos los presupuestos y solicitudes de endeudamientos, como el crédito de 3 mil 500 millones de pesos para proyectos de infraestructura, que merece especial atención y que se está auditando para conocer su destino final.
El proyecto entregado a la LXV Legislatura del Congreso Local para su análisis y aprobación observa un crecimiento del 8.01%, respecto a este 2023, el presupuesto tendrá vocación social para apoyar a los sectores vulnerables más desprotegidos, abandonados y descuidados totalmente en el pasado; se reducirá la estructura gubernamental, adhiriendo una secretaría a otra. En el caso de los organismos públicos descentralizados, al menos de cinco a siete organismos se integrarán a alguna dependencia.
La premisa es contar con un presupuesto orientado a promover la inversión, infraestructura y servicios, tomando en cuenta las necesidades de los pueblos así como de las comunidades.
… A VUELO DE PÁJARO
No habrá nuevos impuestos ni se incrementan los existentes y el compromiso es que los recursos sean más transparentes y para los sectores que más lo necesitan. Se plantea la ampliación del programa de apoyo a jefas de familia con las tarjetas Margarita Maza; incremento al salario de los policías; el apoyo a jóvenes a través del programa Mi Primera Chamba para que tengan su primera experiencia laboral. En contraste, se incluyen algunos recortes en la administración pública.
Demandas
Se desataron los demonios y los padres y madres de familia en La Ventosa se despojaron de sus miedos y realizaron un bloqueo carretero para exigir la destitución de Francisco Gómez Gómez, director de la Escuela Secundaria Técnica número 113 a quien acusan de diversas irregularidades. Exigen al IEEPO la salida de directivos y tres profesores, pues las clases se encuentran suspendidas desde la semana pasada. Mientras que en Huajuapan de León, integrantes del Sindicato Único de Trabadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Oaxaca (SUTDCEO), iniciaron un paro de labores indefinido, en el Plantel Conalep 145, en Huajolotitlán, para exigir atención a sus demandas entre ellas, respeto al contrato colectivo, pago de seguridad social al IMSS, recategorización docente, entre otras.
Retroceso
Los integrantes del Comité de Niñas, Niños y Adolescentes por sus Derechos (CONNAD), alertaron sobre el retroceso en materia de derechos, ya que lo único que está generando es violentarlos. Exhibieron que el pasado 20 de septiembre la legislación aprobó una ley de niñas, niños y adolescentes que pierde por completo el enfoque de derechos para imponer un enfoque asistencialista. Carece de un lenguaje incluyente y no sexista, no reconoce a las niñeces y adolescencias indígenas o afromexicanas, limita los tipos de violencia, dejando de lado el acoso y bullying cibernético. Con esta nueva ley se limita a prohibir la distribución, venta, regalo y suministro de bebidas azucaradas y productos chatarra a menores de edad en las escuelas de educación básica.
Batean propuesta
La Suprema Corte de Justicia desechó, por notoria improcedencia, el impedimento promovido por el Ejecutivo para que el Ministro Javier Laynez no siga tramitando la demanda que busca invalidar la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial Federal. El Pleno de la Corte resolvió que los impedimentos no proceden tratándose de acciones de inconstitucionalidad, pues no están previstos en la ley reglamentaria de estos juicios. La Consejera Jurídica del Ejecutivo, María Estela Ríos, planteó el impedimento con el argumento de que Laynez expresó varias opiniones sobre la eliminación de los fideicomisos en entrevistas de radio y televisión, en las que afirmó que esta medida afectaría la independencia judicial.
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Volveremos.
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