México está lejos de lograr un sistema de salud universal, pues venimos de un deterioro grande en los servicios, con el reto de superar el trato diferenciado, la separación, la distinción, la segmentación en el otorgamiento del servicio, porque es contrario al derecho humano. Una persona que accede a un servicio de salud privado paga el doble de lo que supondría la seguridad social, por lo que este gasto representa una carga importante en los hogares más desfavorecidos.
La carencia de servicios de salud pública afecta la economía y la salud de las personas y de la comunidad porque no hay atención ni infraestructura, entonces si no tiene seguro social tienes que ver cómo lo pagas y a dónde te trasladas para acceder al servicio.
El sistema de salud público en México está fracturado en diversas instituciones y esto impide el acceso a los servicios de salud y atención continua. Si un trabajador afiliado al ISSSTE cambia o se queda sin empleo, pierde en automático este derecho, sin importar si tiene un padecimiento crónico que requiere tratamiento. Po ello se debe contemplar por parte del gobierno federal el diseño e implementación de políticas, programas o acciones que contribuyan a la atención, prevención y promoción de la salud.
En México, la mitad de las personas que tienen hipertensión y diabetes no lo saben hasta que enferman de gravedad —lo cual implica un gasto adicional y permanente—, pues no hay ninguna acción preventiva para este tipo de padecimientos. La detección oportuna es clave para garantizar el acceso a la salud, y si no hacemos funcionar el consultorio, la atención preventiva y que la gente responsa a los programas de prevención, no lograremos un sistema de salud como el que se plantea.
Esto coloca aún más lejos a México de alcanzar su objetivo de un sistema de salud como el de Dinamarca, Inglaterra o Canadá, donde los servicios no son en función a un seguro social, sino de toda la población. Por eso, es urgente una reforma en materia de salud que contemple políticas públicas y un enfoque en derechos y prevención.
Elefantes blancos
Al iniciar la presente administración se anunció auditorías a la obra pública ejecutada por el anterior gobierno de Oaxaca, entre ellos, al Centro de Convenciones de Huatulco, cuya primera etapa costó más de 32 millones de pesos; la Casa de Alas con un costo mayor a 160 millones de pesos y el Centro Cultural Álvaro Carrillo, con un costo superior a 527 millones de pesos. Todos ellos, convertido en verdaderos “elefantes blancos” que han costado mucho dinero y no sirven para lo que se pregonó insistentemente.
Justo cuando los oaxaqueños exigen que se hagan realidad los discursos oficiales de transparencia, rendición de cuentas, combate permanente a la corrupción y a la impunidad, se deben deslindar responsabilidades y proceder penalmente contra los funcionarios públicos que al amparo de la obra pública ejecutan proyectos millonarios pero que no responden a las necesidades y aspiraciones de la sociedad.
A través de las auditorías aplicadas en la entidad por el uso de recursos federales y estatales en programas y proyectos sociales, de salud, obra pública, construcción de infraestructura, educación, fortalecimiento municipal y seguridad, entre otros, se conoce quienes han cometido malos manejos o irresponsables de los recursos. Su responsabilidad debe obligar a actuar con apego a la ley para sancionar actos de corrupción y evitar que la impunidad se siga imponiendo, lo cual debe obligar a vigilar todo el ciclo de vida de una obra, desde el momento en que se idea o anuncia —muchas veces en campañas electorales— hasta que comienza a operar.
Se debe corregir deficiencias y contar con planes de desarrollo y políticas públicas que de verdad cumplan con las necesidades de una localidad e independientemente del gobierno en turno, un proceso adecuado de planeación de proyectos de infraestructura, que realmente identifique qué se quiere atender y cómo. Y evitar con esto que existan obras faraónicas que derrochan dinero pero no sirven para lo establecido.
