Las autoridades estatales, federales y municipales deben impulsar de manera decidida la cultura de la separación y el reciclaje, ya que en nuestro país —y en especial en Oaxaca— es incipiente y requiere de impulsos por parte de los gobiernos y las instituciones. Se necesita ahondar en esta cultura en todos los estratos sociales, pues hasta ahora han sido esfuerzos dispersos que no han trascendido, ya que se debe multiplicar en las tareas de separación de basura y adquirir una mayor conciencia para enfrentar el manejo de la basura.
La falta de un sistema funcional de recolección de basura, leyes que promuevan la separación de residuos y la incipiente conciencia ambiental entre los ciudadanos, figuran como causas del atraso en el reciclaje de residuos. Existe un sinnúmero de tiraderos a cielo abierto y rellenos sanitarios, cuando ya existen opciones más avanzadas que estamos desaprovechando y que podríamos manejar nuestros residuos en una cadena de reciclaje y rehusó.
Hoy debemos entender que separar la basura y el reciclaje forma parte de una nueva forma de vida, pues lamentablemente mientras que en países desarrollados se recicla entre el 35 y el 60 por ciento de los desechos, en el territorio nacional sólo se reutiliza el 12 por ciento. Cuando se haya consolidado un sistema de manejo de residuos permitirá reducir hasta en un 50 por ciento el volumen de desechos que diariamente se lleva a los rellenos sanitarios, fomentando la incorporación de diversos subproductos a cadenas de reciclaje.
Esto debe obligar a contar con espacios en sitios donde se puedan depositar y evitar la contaminación de los suelos, para lo cual existen técnicas y especialistas que deben intervenir para alcanzar los mejores objetivos. Además, procesos de mala gestión de las basuras, pueden provocar un deterioro y depreciación del entorno debido a la contaminación del aire, del agua y del suelo, con consecuencias impredecibles.
Opacidad
Es indudable que uno de los agravios más fuertes es precisamente la ausencia de información y cuentas claras como algo esencial para que la ciudadanía pueda evaluar de mejor forma a sus gobernantes y representantes. Es a no dudar, la mejor garantía para que los gobiernos den resultados es actuar bajo la observancia de la ciudadanía.
La falta de transparencia y rendición de cuentas son obstáculos para el desarrollo social, político, económico y administrativo del país y en especial de nuestro estado, por ello es necesario fortalecer los mecanismos que permitan consolidar los mecanismos institucionales para combatir y sancionar aquellas conductas irregulares o ilícitas efectuadas por los servidores públicos.
La corrupción es un mal que atenta contra los mexicanos, y daña la legitimidad del Estado y del Gobierno, por lo que el propósito debe ser implementar una estrategia que permita recuperar la confianza ciudadana a partir de transparentar la acción pública.
Tanto a nivel nacional como en nuestro estado el reto es consolidar y fortalecer una cultura en favor de una mayor transparencia y una mayor rendición de cuentas desde el ámbito de la sociedad civil. Sobre todo, porque la ciudadanía tiene derecho a saber cómo y en qué se gastan los recursos; cómo deciden las autoridades y cuáles son sus resultados.
Todos los organismos e instituciones que reciben fondos públicos, o que realizan algún acto de autoridad son sujetos obligados a transparentar el ejercicio de esos recursos. Y si presumimos que una sociedad bien informada será siempre más participativa, y estará en mejores condiciones para contribuir al logro de las grandes metas nacionales, garantizar esta premisa es fundamental para empezar a que sea práctica cotidiana.
Desafortunadamente, delitos como el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, el soborno a servidores públicos y el abuso de autoridad cuestan a México cerca de 1.5 billones de pesos, según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.
