Mal negocio ha resultado para los gobiernos municipales y estatales la negligencia e incapacidad de sus funcionarios para afrontar la crisis de basura que el 15 de octubre cumplió un año; algunos de esos funcionarios están tan enchufados en el problema que han retardado y burocratizado la solución obteniendo raja política, electoral y económica del problema, a pesar del deterioro social y ambiental que se crea con la basura a un costado del Atoyac.
La solución tardía, muy tardía, llegó por la vía del gobierno estatal; los municipios, hermanos menores, dejaron la solución en manos de papá gobierno. Decimos mal negocio porque el Gobierno del Estado señaló, en voz del gobernador, Salomón Jara, que el Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (CIRRSU) costará 600 millones de pesos.
Un año después solo el municipio de Oaxaca de Juárez ha, literalmente, tirado a la basura 300 millones de pesos. Versión del presidente municipal, Francisco Martínez Neri, indica que al mes se gastan 20 millones de pesos por sacar la basura de la ciudad a otros estados. No le han podido “bajar” esa la cantidad dado que otros municipios llegan a depositar su basura en la capital.
Salomón Jara estimó que en año y medio, en el mejor de los casos, estaría listo ese “centro de revalorización” con lo que, en los próximos 18 meses, solo la capital deberá desembolsar 360 millones de pesos más, siendo sumamente optimistas. En suma, por sí sola la ciudad 30 meses después habría desembolsado lo que costará el CIRRSU. Mas de 600 millones de pesos.
Mal negocio. Bueno, para la ciudad.
A esa suma se debe agregar lo que han gastado la veintena de municipios metropolitanos que tiraban su basura en Zaachila. El municipio de Santa Cruz Xoxocotlán una media de 2 millones de pesos mensuales, con lo que la estimación mínima sería de 24 millones de pesos. Santa Lucía del Camino acumulaba ya 15 millones de pesos y la proyección era de 22 millones de pesos al finalizar este año. En ambos casos, más lo que se acumule
Mal negocio.
Ahora, a los municipios bonsai se les abre ya una luz al final del túnel para el manejo de residuos pero habrá que establecer un riguroso plan de manejo, separación y selección de residuos que, a un año de distancia, ha resultado fallido en los municipios metropolitanos con mayor población.
Es una de los requisitos para ir saliendo, poco a poco de la crisis.
REVOCACIÓN, INSUFICIENTE
Otro conflicto que le explota en la cara a la Secretaría de Gobierno del fallido Jesús Romero López. Horas ante del atentado en que fue asesinado el síndico municipal, Andrés Guzmán Rodríguez, así como su esposa y una de sus hijas; a los involucrados en la disputa de San Martín Itunyoso, del distrito de Tlaxiaco, los tuvo sentados cara a cara con el presidente municipal, Santiago Miguel López, presunto autor intelectual del hecho.
Sin embargo, la fallida “inteligencia” oficial los llevó a oficina de Sego NO por la disputa por el dinero del municipio de San Martín Itunyoso sino por el diferendo que sostienen, también por dinero, con la agencia de San José Xochixtlán, que reclama 5 millones de pesos del ramo 28 y fondo 33 y que, presuntamente, lleva 16 años sin recibir recursos. Pero en voz de Romero López, “no hubo acuerdo, se retiraron y por la noche asesinan al síndico y a su familia”.
De las sospechas y disputa entre ambos personajes, nada.
Tras la reunión en la Sego es asesinado un profesor de la Sección 22 presuntamente ligado al presidente municipal y, por la noche, es emboscado el síndico. Ninguna de esas alertas fueron atendidas por la Sego.
¿Quién pagará por tal negligencia?
Ambos personajes, dice Romero López, sostenían un diferendo luego que disputaron la presidencia municipal que se rige por Usos y Costumbres, pero identifican al presidente municipal, Miguel López, con filiación priista.
No es suficiente saber la historia y acusar a ambos personajes de una disputa estrictamente económica, el dinero del pueblo, que ha terminado con tragedia. Tampoco buscar un mecanismo legal para que el congreso, que controla Morena, pretenda la desaparición de poderes en la zona. Así debe ser.
No es suficiente.
En la Mixteca ha ido creciendo el problema de tráfico de armas, la venta de menores, el matrimonio infantil, las comunidades armadas y el narcotráfico. Este mismo año en las reuniones del gabinete de seguridad se ha puesto el dedo en la llaga por la creciente violencia en la Mixteca y que tiene a la delincuencia organizada como una de las causas.
Por ello no es suficiente demandar la desaparición de poderes en San Martín Itunyoso; ese crimen es apenas la punta del iceberg en el que están profusamente involucradas las autoridades municipales locales, pero también las “organizaciones sociales” que han medrado con el conflicto en la nación triqui y alcanza a personajes del gobierno del estado. Es ello lo que debe atenderse.
La desaparición de poderes no es suficiente.
¿Quién va a pagar por ello?
COBAO, OTRA VEZ
Hace días se difundía en redes sociales una presunta investigación en torno a una empresa de pinturas a la cual se le ha encomendado la dotación de servicio de internet a los planteles de Cobao sin contar con experiencia para ello. En juego está un contrato por 992 mil 770 pesos pagados vía transferencia por el COBAO. A esa misma empresa, de la Ciudad de México, se le entregó un abultado contrato por la compra de las medallas entregadas a sindicalizados del Gobierno del Estado por el Día del Empleado.
Dos giros de negocios totalmente divergentes pero “necesarios” para ganar licitaciones. En el caso del Cobao han transcurrido ya varios días y la cuestionada “doctora Vero”, Verónica Hernández González, directora del Cobao, nada ha dicho en torno al presunto contrato en favor del Grupo Comercial Rostar, S.A DE C.V.
