Debido al ritmo vertiginoso que se vive, se necesita mejorar la calidad de vida de la población, garantizar su seguridad, proteger el medio ambiente, mejorar la imagen de la ciudad y promover una sociedad participativa, igualitaria e inclusiva. Una ciudad más incluyente es aquella que no solamente busca la eficiencia de los traslados y promueve el uso de medios de transporte más sustentables, sino que provee una accesibilidad equitativa a las oportunidades que ofrece la ciudad.
Ante tales condiciones, es necesario impulsar políticas públicas con el objetivo de que los ciudadanos se apoderen de los espacios públicos para su uso y disfrute, y de esta manera lograr una sana convivencia que consolide la movilidad, la cohesión social y el desarrollo ordenado.
El principal reto es responder a las demandas colectivas e individuales de los ciudadanos, planificar la movilidad con un enfoque de sustentabilidad y visión de género. Nuestra ciudad reclama de un programa integral de movilidad urbana sustentable con conceptos de habitabilidad, sostenibilidad ambiental, equidad e inclusión social para favorecer un cambio real.
Los problemas de movilidad giran en torno a la escasez, calidad y poca variedad de medios de transporte, escasa cultura vial y saturación en puntos específicos, principalmente alrededor de las áreas centrales, urge atender de inmediato estos temas.
La movilidad eficiente es fundamental para el crecimiento económico sostenido y sustentable de las ciudades. Por eso las autoridades estatales y municipales deben promover el crecimiento denso y ordenado, con opciones de transporte público y no motorizado de calidad.
Las opciones de transporte deben incluir la operación regulada de iniciativas de transporte individual y colectivo, así como garantizar la movilidad y colaboren a recuperar y renovar el espacio público, facilitando a la población el tránsito peatonal, así como la promoción de opciones alternativas y sustentables de transporte, confiables, accesibles y atractivas.
Apoyo a indígenas
Es indudable que la situación de descuido, desatención y falta de apoyo a las comunidades indígenas ha provocado que gran parte de esa población no cuente con oportunidades de educación, salud ni desarrollo. Y a pesar de que se pregonan políticas públicas para su atención, de los aproximadamente 15 millones de indígenas que viven en el país, la quinta parte presenta analfabetismo, la mitad no tiene acceso a servicio médico y el 40 por ciento vive en pobreza extrema.
La Federación, así como el Gobierno del Estado tienen el compromiso de mejorar las condiciones de bienestar social de las comunidades indígenas a partir de obras de infraestructura, electrificación y proyectos productivos, como parte de la estrategia de atención a poblaciones que viven en pobreza y pobreza extrema, pues no hacerlo provocará que sigan en el abandono.
Agobiados por la desatención, aumentan las voces que demandan atender con mayor énfasis a los pueblos indígenas y cambiar el escenario para elevar la calidad de vida de sus habitantes. Oaxaca cuenta con 416 municipios indígenas, muchos de los cuales requieren acceso a los servicios básicos, ya que el 85 por ciento de la población se considera perteneciente a alguno de los 16 grupos indígenas que habitan en el estado.
Además de atender peticiones y demandas de agua y electrificación, se deben destinar recursos para contar con clínicas que brinden la atención médica que se requiere, ya que la prioridad debe ser ayudar a la gente que lo necesita sin importar su condición étnica ni política.
A todo eso hay que agregar que el 35 por ciento de los municipios del país tiene clasificación de alta marginación, pero si se centra la atención en los 624 que cuentan con el 40 por ciento de la población indígena, el índice de alta y muy alta marginación se dispara hasta el 75 por ciento, mientras que en Oaxaca continuamos con los mismos esquemas que no ayudan a integrarlos al concierto del progreso y desarrollo.
