Al lograrlo tendrían herramientas para exigir pagos justos por la explotación minera que afecta a ese territorio desde la década de los noventa. Además, evitarían que la minería se extendiera aún más en la sierra de Michoacán que mira al Pacífico.
* Los dos defensores fueron desaparecidos en enero de 2023, después de que participaron en una asamblea donde informaron sobre los avances para la elección de su comisariado. El profesor Díaz era quien se perfilaba para ser el presidente de bienes comunales electo por la mayoría de los comuneros.
* En ese territorio indígena, la empresa Ternium —una de las principales productoras de acero en Latinoamérica— opera el complejo minero Los Encinos. Con la llegada de la minería, los cerros comenzaron a ser cercenados, el río Aquila dejó de tener langostinos y la comunidad se dividió. En esa región, además, hace tiempo que los grupos del narcotráfico dejaron de disimular su presencia.
Por Gina Jiménez
Casi veinte minutos después de las siete de la noche del domingo 15 de enero de 2023, una llamada telefónica al 911 lanzó la alerta. Una camioneta blanca con las llantas ponchadas por los balazos que recibió se encontraba a la orilla de una carretera, en la zona limítrofe de los estados de Michoacán y Colima. Horas después, se supo que en ese vehículo viajaban el defensor de derechos humanos Ricardo Lagunes Gasca y el líder comunitario Antonio Díaz Valencia. Desde entonces, no se sabe nada de ellos.
Durante la mañana de ese domingo, horas antes de que los desaparecieran, Ricardo Lagunes y Antonio Díaz habían encabezado una asamblea en San Miguel de Aquila, comunidad indígena nahua localizada en la región Sierra Costa de Michoacán.
En esa asamblea, el abogado y el líder comunitario informaron sobre los avances en la lucha legal que, desde hace casi cuatro años, tenían en tribunales. Por fin, en marzo de 2023 iban a poder realizar la ansiada elección de su comisariado, órgano de representación que por ley deben tener las comunidades agrarias.
El profesor Antonio Díaz se perfilaba como la persona que sería elegida como el presidente del nuevo comisariado. Él era el líder que en los últimos cuatro años había animado a la gente para organizarse; fue él quien buscó al abogado Ricardo Lagunes, un defensor de derechos humanos especializado en temas agrarios, para que fuera su asesor jurídico.
El abogado Lagunes aceptó e hizo mancuerna con el profesor Antonio Díaz para que la comunidad agraria de San Miguel Aquila lograra tener un órgano de representación elegido por la mayoría de los comuneros. Ese era uno de sus primeros objetivos.
Al tener a un comisariado electo como marca la ley agraria, el grupo mayoritario de comuneros —como ellos mismos lo llaman— podría defenderse mejor ante las denuncias presentadas por un grupo minoritario que, desde 2019, había tomado en forma fraudulenta la representación de la comunidad agraria.
Además, la mayoría de los comuneros tendría herramientas para reclamar a la empresa minera Ternium un pago justo por la explotación de hierro que, desde la década de los noventa, realiza en el territorio de San Miguel Aquila. También evitarían que la actividad minera se extendiera a otros terrenos de la zona.
Pero todo eso se detuvo el 15 de enero de 2023, cuando en la carretera que va de Colima a Morelia, un grupo de hombres disparó en dirección a las llantas del vehículo donde viajaban Ricardo Lagunes, de 41 años, y Antonio Díaz, de 71.
En el lugar sólo quedó la camioneta blanca con las llantas ponchadas.
Ricardo Lagunes y Antonio Díaz forman parte de la lista de, al menos, 93 personas defensoras del ambiente y el territorio que han sido víctimas de desaparición en México desde el 1 de diciembre de 2006 y hasta el 1 de agosto de 2023; 39 de ellas continúan sin ser localizadas.
Estas cifras se desprenden de una documentación elaborada por Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos como parte del proyecto periodístico “Defensores desaparecidos”.
Cuando desaparecieron al abogado Lagunes y al profesor Díaz, México ya era ubicado como uno de los cinco países más peligrosos para los defensores del ambiente y el territorio, de acuerdo con la organización no gubernamental Global Witness. Sin embargo, su caso mostró que la desaparición es una más de las violencias que se ejercen en contra de quienes defienden ríos, bosques, cerros y todo aquello que da vida a un territorio.
De profesor a defensor del territorio
Antonio Díaz creció en una ranchería del municipio de Aquila. Gracias a una beca, cursó la secundaria. Por un tiempo dejó las tierras michoacanas para estudiar en la Escuela Normal de Durango. “No se suponía que él terminara una carrera, porque venía de una familia (de diez hermanos) donde a veces no había ni para comer”, dice un familiar que vive en San Miguel Aquila y pidió no ser identificado.
Desde que desaparecieron a Lagunes y Díaz, el miedo se instaló en la comunidad.
Díaz se convirtió en uno de los primeros profesionistas de San Miguel Aquila. Cuando comenzó a ejercer como maestro, becó a otras personas de la región para que también salieran a estudiar. “Tiene muchos ahijados y ahijadas de profesión y se ha ganado el cariño y el respeto de la comunidad en general”, comenta la historiadora María de Jesús Ramírez, originaria de Aquila.
El profesor Díaz fue supervisor de escuelas y desde ahí impulsó mejoras en las comunidades que estaban a su cargo. En el poblado de Guagua, en la costa de Michoacán, por ejemplo, logró que los niños tuvieran desayunos escolares y uniformes, cuenta su hija Brenda Díaz. Ella, con orgullo, da un dato más que habla del tesón de su padre: “Cuando llegó a la zona había nueve escuelas, cuando él se retiró había más de 20”.
Desde muy joven, Antonio Díaz afianzó su liderazgo en la región. Fue presidente municipal de San Miguel Aquila a los 21 años; a los 71, ya lo conocían como “Tata Toñito”. En tierras michoacanas la palabra Tata se usa para referirse a los hombres sabios, explica Estela Meneses, activista de Colima y amiga del profesor.
Por eso, no extraña que Díaz se haya colocado como uno de los líderes del grupo mayoritario de comuneros de San Miguel Aquila.
Una comunidad tocada por la minería
Para entender el contexto que está alrededor de la desaparición de Ricardo Lagunes y de Antonio Díaz es necesario mirar al territorio.
La comunidad indígena nahua de San Miguel Aquila está enclavada en la sierra de Michoacán que mira hacia el océano Pacífico, entre los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Manzanillo, Colima.
Además de su cercanía a dos de los principales puertos del país, estas tierras serranas se distinguen por tener uno de los principales yacimientos de hierro en México, de acuerdo con lo documentado por investigadores del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Es un territorio con “cerros de metal”, así lo describe la historiadora María de Jesús Ramírez, quien nació en Aquila y es esposa de Ricardo Lagunes.
Además de representar a la comunidad agraria de San Miguel Aquila, Lagunes llevaba alrededor de otros 20 casos en todo el país. “No es fácil que esas comunidades y personas simplemente encuentren otro abogado pro bono, sin el interés económico, interesado en llevarles sus asuntos”, dice Alejandra Gonza, amiga de Lagunes y directora ejecutiva de Global Rights Advocacy, centro de derechos humanos con sede en Seattle, Estados Unidos.
La desaparición de Lagunes y Díaz representó un fuerte golpe para todos los defensores de derechos humanos en México. “Seguimos en shock —confiesa Rita Robles—, no alcanzamos todavía a dimensionar lo que implica la desaparición de un defensor de derechos humanos”.
Ocho meses después de la desaparición de Lagunes y Díaz, su trabajo como defensores sigue presente.
La asamblea para elegir al comisariado de San Miguel Aquila, por la que tanto lucharon, se realizó por fin el 20 de septiembre de 2023; sólo participó el 40 % del total de comuneros reconocidos en el padrón, de acuerdo con una nota publicada en A dónde van los desaparecidos. Uriel Gutiérrez de la Cruz fue elegido como el nuevo presidente del comisariado.
Además, el 30 de agosto de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso del defensor ambiental Juan Vázquez Guzmán, asesinado en abril de 2013. Vázquez se opuso a la destrucción de las tierras ejidales y al desarrollo de proyectos turísticos en la zona donde se encuentran las cascadas de Agua Azul, en Chiapas.
Ricardo Lagunes es el abogado que, como representante de la familia de Juan Vázquez, llevó el caso hasta la CIDH y solicitó que se investigue, entre otras cosas, la responsabilidad del Estado mexicano en las violaciones al derecho a la vida.
* Defensores desaparecidos es un proyecto periodístico realizado por Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos.
