Los oaxaqueños piden se atienda uno de los mayores reclamos de la sociedad que es contar con seguridad física y patrimonial ante la creciente embestida de la delincuencia en las diferentes regiones del estado. Demandan una verdadera estrategia ante la inseguridad, la corrupción y la impunidad, así como acciones firmes y contundentes para desalentar los actos al margen de la ley.
Una puntual rendición de cuentas y transparencia en cada una de las acciones de gobierno, alcanzar un mejor manejo de los recursos y en ese compromiso hacer más con menos, con eficiencia y eficacia, ante el riesgo de seguir sumidos en la mediocridad de los servicios y acciones.
Ante los agravios que pesan entre los oaxaqueños, urge una convocatoria para establecer acuerdos que permitan lograr los consensos necesarios para la prosperidad de los oaxaqueños, para que pasemos de la queja a la participación activa y seamos actores del cambio.
Los oaxaqueños se resisten a creer que la pobreza y la marginación son condiciones insuperables en nuestro estado, y comparten la visión de que Oaxaca ofrece grandes oportunidades para todos y que es posible mejorar las condiciones de quienes viven aquí.
Inobjetable son las condiciones de pobreza, marginación y rezago en ámbitos determinantes para el desarrollo de los pueblos como lo son la salud y la educación, así como la creciente inseguridad, impunidad y la corrupción que por décadas ha mantenido a nuestro estado en los últimos niveles de desarrollo del país.
De ahí el reto de atender las aspiraciones de los oaxaqueños por alcanzar el progreso y desarrollo que siguen postrados, pues lamentablemente tiene su origen en personas que han generado caos y encuentran un beneficio personal, por lo que urge pasar de las palabras a los hechos que permitan remontar tales condiciones, ya que nuestro estado como otras entidades del país requiere de más y mejores resultados, de contundencia en cada una de ellas para empezar a devolverle la seguridad que tanto exige.
Trata de personas
Las personas que no gozan de un estatus legal, que viven en la pobreza, que tienen un acceso limitado a la educación, a la atención sanitaria o a un trabajo digno, que sufren discriminación, violencia o abusos, o que proceden de comunidades marginadas, son a menudo los principales objetivos de los traficantes.
En la trata de personas, las víctimas no tienen poder de decisión y son objeto de explotación; en el tráfico, en cambio, aunque las víctimas tuvieron poder de decisión, los riesgos que amenazan la vida siguen presentes. Una persona debe abandonar su hogar cuando es forzada a huir.
Al estar alejada de aquello que conoce, pierde el apoyo de redes comunitarias y queda aislada social y culturalmente. Además, no siempre tiene acceso a recursos básicos ni a medios de vida. Dependiendo del sitio al que se haya dirigido al huir, quizás su condición jurídica sea irregular.
En Oaxaca la trata de personas se manifiesta al amparo de los usos y las costumbres de los pueblos indígenas, al mantenerse como una tradición la venta de mujeres y niñas que son entregadas en matrimonio o para el servicio doméstico, como parte de un ritual que es en realidad una forma ancestral de esclavitud.
Este delito registró durante el año pasado un alza en 15 estados de la república, donde Oaxaca alcanzó un aumento muy sensible, a lo cual se agregan las condiciones sociales y económicas que enfrentan las mujeres en la entidad ha hecho que sea uno de los cinco estados del país con mayor índice de incidencia del delito de trata de personas.
De ahí la trascendencia de que la ciudadanía conozca la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas, y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos. Ya que se configura este delito cuando se somete parcial o totalmente a la privación ilegal de la libertad a una persona con fines de explotación sexual, laboral y/o trabajos forzados.
