El proyecto de desarrollo turístico en Punta Colorada, playa que se localiza en Puerto Escondido y que forma parte de las propiedades del Gobierno del Estado desde 1970, ha sido botín de funcionarios y exgobernadores de Oaxaca.
Concebido como desarrollo habitacional, turístico y comercial, que de acuerdo al estudio de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) comprendería siete lotes para la construcción de hoteles, incluye 13 lotes residenciales, cinco lotes comerciales y una oficina de información turística, sigue siendo muy ambicionado.
Actualmente el metro cuadro en Punta Colorada se cotiza en dólares, dependiendo de su cercanía a la playa, que poco a poco se ha convertido en propiedad de extranjeros.
Tras concluir un litigio agrario por la posesión de 492.5 hectáreas, que representan casi medio millón de metros cuadrados, el Gobierno del Estado de Oaxaca y el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE), esta zona que se encuentra en la agencia de Puerto Escondido, municipio de San Pedro Mixtepec, región de la Costa, sigue siendo muy codiciada.
“Punta Colorada” se encuentra en el ejido de San Pedro Mixtepec donde fueron expropiadas mil 329.52 hectáreas para crear el fondo legal de Puerto Escondido, por decreto presidencial de fecha 21 de julio de 1970, siendo presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz.
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De esa extensión, 111 hectáreas ubicadas en Punta Colorada de este destino de playa, donde se ha denunciado insistentemente que están en riesgo de quedar en manos de exfuncionarios quienes tratan de adjudicarse esta zona propiedad del Fideicomiso Punta Colorada del Gobierno del Estado.
En el gobierno de Heladio Ramírez López se dio mayor impulso al desarrollo de Puerto Escondido y en el sexenio de Diódoro Carrasco Altamirano se entregaron 118 hectáreas de Punta Colorada a la empresa Jencar, SA de CV, para el desarrollo de un proyecto turístico de lujo.
Hoy cada vez más extranjeros utilizan prestanombres para tener propiedades en las playas de Puerto Escondido y los terrenos expropiados con fines de utilidad pública han sido comercializados por particulares.
Representantes sociales en la región de la Costa emplazaron a los tres órdenes de gobierno a revisar la actual situación en que se encuentran para deslindar responsabilidades ante posibles actos de corrupción, pues advirtieron que es delicada la situación por el mal uso que se ha dado a los instrumentos legales para dar certeza jurídica a las propiedades.
Muchas de ellas, contenidas en el decreto de expropiación de Puerto Escondido, han sido vendidas hasta en tres ocasiones, por lo que insisten que es indispensable revisar el listado de las propiedades contenidas en el decreto para conocer su actual condición y su transición de los últimos años, ya que cada vez aparecen inmuebles con más propietarios.
Hay un “manejo mafioso” desde hace varios años en el Registro Público de la Propiedad, pues esto ha provocado impugnaciones de las propias comunidades que ante la ausencia de certeza jurídica no han dudado en recuperar lo que consideran suyo, señalaron.
