Las protestas de taxistas de diversas organizaciones y sindicatos, así como los conatos de violencia han aparecido de nueva cuenta en la entidad. Hace un par de semanas un video aficionado grabó la golpiza que miembros de uno de los sindicatos propinaron a trabajadores del volante en San Pedro Pochutla, dañando además sus unidades. Menos de una semana después, en la capital oaxaqueña y municipios conurbados como Santa Cruz Xoxocotlán, hubo, asimismo, conatos de violencia. Fuentes periodísticas documentaron balaceras en la Calzada “Símbolos Patrios” y hasta heridos. Por esos mismos días, en cruceros de Xoxocotlán, se vieron taxistas y moto-taxistas en concentración, en lo que se advertían enfrentamientos. En Puerto Escondido también marcharon los pertenecientes a una organización y hasta bloquearon el acceso al aeropuerto internacional.
Sería absurdo omitir que hace al menos tres semanas, la Unión de Taxistas del Istmo ahorcó con al menos cinco bloqueos la región. Tuvieron que montarles en la Secretaría de Gobierno, mesas de negociación para distender la protesta. Y ello se dio justamente, cuando la Secretaría de Movilidad (Semovi) había anunciado la liberación de más de 600 concesiones de transporte, en sus diversas modalidades, sin reparar en que la tensión que hubo en el pasado, había aminorado cuando la instrucción del ex gobernador Alejandro Murat fue: ni una concesión más. En efecto, la guerra por tener más y lucrar con más vehículos ha costado muchas vidas en la entidad. De la misma manera que la lucha por los contratos de acarreo de materiales pétreos, ha llevado a que corra la sangre en los sindicatos mafiosos como les llamó el presidente López Obrador.
El transporte concesionado se ha convertido en Oaxaca en un serio asunto de seguridad, en principio porque cualquier medida disciplinaria es respondida con violencia, bloqueos, agresiones a la ciudadanía. Además, porque taxis y moto-taxis son los principales protagonistas de accidentes mortales en las carreteras locales o federales, ello sin contar en que se han convertido en los vehículos favoritos de la delincuencia organizada para el narcomenudeo, cobro de piso o secuestros. Es decir, hay demasiada podredumbre que no se puede premiar con más concesiones y prebendas. Esto es lo que ha polarizado más la situación y creado, escenarios de tensión. El gobierno de Salomón Jara tiene que actuar con energía y sin dilación.
La victimización eterna
Hay organizaciones sociales cuyos dirigentes tienen años viviendo como parásitos de la dádiva oficial, que han hecho de sus correligionarios atacados o asesinados, verdaderas banderas de la extorsión. Es el caso del Frente Popular Revolucionario (FPR), cuyo guía moral es el maestro normalista Germán Mendoza Nube y su operador estrella, Macario Otalo Padilla, que han hecho del asesinato de Tomás José Martínez Pinacho, dirigente de dicho frente en Miahuatlán de Porfirio Díaz, algo así como una víctima que hay que explotar a placer, cada que sus titiriteros requieren de recursos frescos. Ya es común que cada determinada fecha, en los tres años pasados desde su asesinato en una taquería de la población de Ánimas Trujano, se plantan frente a Palacio de Gobierno o las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGEO), pidiendo justicia y maniobrando de maneras burdas, para que les pongan mesas de negociación, en donde piden el oro y el moro.
Como buitres que viven de la sangre y la podredumbre, tanto el magisterio afiliado a la Sección 22, como otras organizaciones han construido un nuevo martirologio, con aquellos que sucumbieron, algunos en condiciones poco claras, pero ya elevados al panteón cívico de sus promotores. Es el caso de Emeterio Merino Cruz, quien fue golpeado por la Policía Estatal aquel 24 de julio de 2007, cuando los maestros, empecinados en boicotear La Guelaguetza de ese año, siguiendo el modelo del año anterior, marcharon por la carretera de cuatro carriles en el Cerro de “El Fortín”. Es cierto, el aludido no murió, pero tuvo secuelas graves en salud. Este “mártir”, junto con los que el llamado Cártel 22, tomaron como suyos en el movimiento de 2006, forman ya un directorio de un nuevo capítulo de “Los Niños Héroes de Chapultepec”.
Otro caso es el de las ocho personas que cayeron durante el enfrentamiento entre organizaciones sociales azuzadas y armadas por sus dirigentes y corporaciones policiales, en Asunción Nochixtlán, el 19 de junio de 2016. No existe ahí una verdad histórica, salvo la que han construido con testimonios sesgados, las comisiones de Derechos Humanos y comités de víctimas que, una vez más, usan a los muertos para lograr canonjía y prebendas. Como en la historia oficial ésta la construyen los vencedores o aquellos que cooptan a los medios de comunicación o les ganan el oído a los organismos oficiales, a los pregoneros de derechos humanos y demás. Todo ello con el afán de lograr la dádiva oficial.
