Rumbo a los 50 años de su fundación, el Taller de Artes Plásticas Rufino Tamayo atraviesa una serie de problemas que se intensificaron durante los últimos días. Un grupo de docentes y alumnos ha denunciado despidos injustificados por parte de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta), diversas irregularidades en la dirección y operación del taller e incluso violencia contra las mujeres. Incluso, la preocupación porque el taller se privatice, debido al incremento de las cuotas que pasaron de poco más de 560 pesos a casi 700.
La dependencia estatal, a cargo de Víctor Cata, ha calificado las protestas como una campaña de desinformación, de desestabilización, de oposición a “las políticas de austeridad y transparencia” del gobierno estatal (Morena) y vinculada al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Aunque ha negado intenciones de “privatizar” este taller que se fundó en enero de 1974 con apoyo de los artistas Rufino Tamayo y Francisco Toledo.
El grupo de docentes y alumnos inició sus protestas el pasado 3 de julio y durante los pasados lunes, martes y miércoles las retomó, tanto en las oficinas de la dependencia como en el taller. Por su parte, la Seculta optó por una conferencia de prensa para reiterar su postura.
Tras esto último, los docentes y estudiantes exigieron la destitución del director del taller, Enrique Gijón, de quien citaron una serie de irregularidades como el tener dos trabajos de tiempo completo (en la Seculta y en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca), callar la donación de herramientas y coeditar litografías con artistas como Francisco Quintanar y Leonardo Pérez y con una en espera de Filogonio Naxin.
Como esto también exigieron la destitución del director de atención cultural comunitaria de la Seculta, Feliciano Marín, a quien señalan como responsable del actuar de Gijón.
Encabezados por Oswaldo Ramírez y Abraham Torres, los talleristas de grabado que han denunciado despido injustificado, reiteraron que las carencias en el taller persisten, por lo que exigen atención a estas.
Los docentes acusaron que la dependencia ha violado sus derechos laborales al “despedirnos con engaños” y porque siguen adeudándoles los salarios de julio y el actual, luego de que en los últimos meses también han retrasado sus pagos.
Lo dicentes Abraham Torres, Oswaldo Ramírez y Azteca de Gyves, así como los estudiantes Mara Rolón y Gabriel Salvador negaron estar ligados al PRI. “Hemos trabajado en varios sexenios y votamos por este actual gobierno, nos sumamos a su deseo de llevar clases de arte a todas las comunidades a las que nos inviten”, dijo Torres, quien remarcó que pese a ello en la Alhóndiga su trabajo es limitado, debido a la falta de materiales y porque el espacio alberga diversas actividades que afectan los talleres. Además porque en esta administración incrementaron las cuotas de inscripción o estas son diferenciadas entre nacionales y extranjeros, pero sin sustento legal.
“Que se mejoren los contratos y garantías”, exigió Ramírez, al aclarar que “no es una cuestión personal” sino que espera que las nuevas generaciones de docentes y alumnado no pasen por las mismas situaciones.
