Durante la visita del Fiscal General del Estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, a las instalaciones de EL IMPARCIAL. El Mejor diario de Oaxaca, el pasado martes 1 de agosto, reafirmó que, el delito de la extorsión telefónica es uno de los más comunes de los últimos tiempos. Se trata de células criminales, algunos de cuyos miembros, están recluidos en penales de Tamaulipas, Jalisco y la Ciudad de México. Con equipos electrónicos que, extrañamente les es permitido utilizar, hacen llamadas telefónicas para amedrentar a sus víctimas, muchas veces haciéndoles creer que están haciendo la llamada desde cerca de sus domicilios, pero para ello han aprovechado los recursos que se pueden explorar el Google Maps. En efecto, ya es común el hecho de fingir un secuestro o simplemente exigir dinero a las víctimas bajo amenaza de muerte, lo que impacta de manera negativa en personas de origen humilde o de la tercera edad, que caen en el juego.
Por fortuna ya se han ubicado los sitios de donde provienen las llamadas, es decir, se sabe ya el modus operandi de estos delincuentes que han generado uno de los delitos que más laceran a la sociedad. Sin embargo, tal parece que las autoridades penitenciarias de los centros de reclusión podrían estar coludidas, habida cuenta de que existen en el mercado, inhibidores de señal telefónica. Esto es, hay tal relajamiento de la disciplina interna que cualquier reo vinculado a proceso o ya sentenciado por el juez, con absoluta libertad, puede utilizar equipo celular y, desde el mismo, hacer las llamadas que desee con fines de extorsión, sin que sea objeto de medidas reglamentarias o punitivas al interior de los penales. Suena contradictorio que ya privados de la libertad sigan operando con la misma enjundia criminal con la que lo hicieron cuando estaban libres.
En los últimos años no hay familia en Oaxaca que se haya salvado de esta práctica perniciosa. Y muchos han caído, sin importar el nivel socioeconómico de las víctimas. Es evidente que las nuevas tecnologías deben aplicarse no sólo para inhibir este delito sino para reforzar los mecanismos en los penales. Sorprende que, incluso en penales federales que, se presume, están bajo estricta vigilancia policial, la extorsión telefónica haya crecido tanto. El Fiscal General sostuvo que ya se están generando las condiciones para reuniones de alto nivel tanto en el ámbito de procuración de justicia como de seguridad pública, para combatir dicho flagelo.
No hay cultura de denuncia
Uno de los factores de la impunidad es que no existe la cultura de la denuncia. Por un lado, porque en la percepción de muchos oaxaqueños, recurrir a las autoridades que procuran justicia es una pérdida de tiempo; por el otro, porque solamente para el interrogatorio hay que disponer hasta de 6 horas. Un elemento adicional es que, hay que solicitar permiso en el trabajo para darle seguimiento a las pesquisas e investigación sobre el delito denunciado. Es importante subrayar que, según lo afirmó el titular de la FGEO, se está trabajando para restituir la confianza en la institución, acotar los tiempos de interponer las denuncias y estar en contacto permanente con la ciudadanía. Ninguna institución –dijo- puede mantenerse sin la vinculación con el pueblo. Justamente por ello se trabaja a marchas forzadas para poder devolverle el papel que tuvo antaño y que se ha ido deteriorando con el paso del tiempo.
En todo este entorno, también ha influido la corrupción que ha prevalecido y que, según el fiscal se está combatiendo. Dinero para los secretarios o ministerios públicos para integrar la carpeta de investigación, para darle seguimiento, para las copias, etc., lo que se traducía en que la víctima perdía más de lo que ya había perdido al ser objeto de un delito. Lo mismo ha ocurrido en el Instituto de Estudios Periciales, en donde a la pena que sufren los familiares de quien fallece de manera trágica, hay que añadir los trámites penosos de esperar y aún pagar para que los trámites de entrega del cadáver se agilicen. Capotear adicionalmente a quienes, como buitres carroñeros andan recorriendo los pasillos en busca de incautos a quienes extorsionar con el ardid de la defensa jurídica. Lo anterior frena de golpe cualquier propósito sano de recurrir a la denuncia ante las autoridades competentes.
Ante este panorama, quienes procuran y administran justicia deben recurrir a la máxima publicidad en las tareas de prevención, no en el resto de la cadena que, por ley, debe ser reservada. La ciudadanía ignora por ejemplo a quién acudir en caso de ser víctima de extorsión, de robo a casa habitación o transeúnte. Qué debe hacer ante delitos como el despojo de su propiedad, tan de moda en los últimos tiempos; las responsabilidades que tiene el ministerio público, entre otras cosas. Todo ello habrá de darle la confianza necesaria para interponer las denuncias que tenga que hacer.
